El Concello anula las multas de la circunvalación que han sido recurridas

La Unión de Consumidores de Pontevedra tiene constancia de la existencia de multas de tráfico impuestas por el Concello en la circunvalación que han sido anuladas tras ser recurridas. Este hecho podría avalar la posible irregularidad de que la concejalía de Seguridad tramite las sanciones que se originan por las mediciones de velocidad del radar de Alcabre, que actualmente investiga un juzgado vigués.

La asociación inició el pasado año una cruzada contra las multas de este radar avalado por el dato de que la circunvalación depende del Ministerio de Fomento y carece de titularidad municipal. En base a este hecho ha pedido al Concello que no tramite las sanciones, algo que hasta ahora no ha conseguido.

A la vista de ello presentó un recurso en el juzgado de lo contencioso administrativo número 2, que fue archivado. Sin embargo, recurrió ante el Triunbal Superior y desde dicha instancia judicial se ordenó al juzgado vigués investigar el asunto.

Recurso

El dato que ayer confirmaron dos directivos de la unión de consumidores es que al menos dos sanciones de este radar se han evaporado tras un recurso cuestionando su legalidad. Ambas sanciones fueron impuestas en el verano del año 2008 y las dos por superar el tope de 80 kilómetros por hora de velocidad. El importe de cada una de ellas ascendía a 91 euros, cantidad que quedaba reducida a 63,7 en el supuesto de pago voluntario renunciando al recurso.

La persona afectada presentó un recurso en plazo aduciendo que en el momento de actuar el radar estaba realizando un adelantamiento, y que se hizo dentro de los límites legales. Sin embargo, la clave de la alegación fue que la circunvalación (oficialmente la carretera VG-20) forma parte de la Red de Carreteras del Estado. Por tanto, no es una vía urbana, que son en las que tiene competencias el Concello vigués.

Desatención

Inicialmente el recurso fue desechado, pero el conductor implicado insistió de nuevo en un escrito dirigido al alcalde. En enero del año pasado reiteraba que las alegaciones «han sido olímpicamente desatendidas sin el menor fundamento o razón jurídica». A partir de ese momento no hubo nuevas comunicaciones sobre el expediente ni desde Recaudación se le apremió al pago de la sanción.

Por este motivo dos miembros de la Unión de Consumidores de Pontevedra se acercaron en la mañana de ayer a las oficinas municipales con el fin de clarificar la situación del expediente. Allí confirmaron que había sido declarada prescrita a finales de agosto de 2009, al parecer sin comunicárselo al afectado.

Esta circunstancia ha reforzado el convencimiento de la asociación de que no existe base jurídica para que el Concello vigués imponga multas en una carretera de titularidad estatal, algo que hasta ahora nadie había cuestionado en Vigo desde la colocación de radares.

Fuente: [Enlace bloqueado por la Tasa española AEDE]

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