Radar a la vista

Los detectores de radares, esos aparatos que avisan con señales luminosas y acústicas al conductor cuando se acerca a un cinemómetro para ahorrarle una multa por exceso de velocidad, se han convertido en el último mes en los protagonistas de un esperpéntico episodio que amenaza con provocar más de un dolor de cabeza a los máximos responsables de la Dirección General de Tráfico (DGT). La Ley de Seguridad Vial que entró en vigor el pasado 25 de mayo legalizó unos dispositivos que hasta entonces habían sido sistemáticamente perseguidos y duramente sancionados.

El sorprendente cambio de rumbo ha causado tal perplejidad y confusión entre los agentes de Tráfico y los automovilistas que el propio Pere Navarro ha tenido que salir a la palestra para anunciar que los detectores volverán a ser prohibidos sin precisar cuándo ni cómo.

«Todo esto es una chapuza que pone de manifiesto la incompetencia de nuestros legisladores». Luis Murguía, directivo del Real Automóvil Club Vasco-Navarro, no daba crédito a sus ojos cuando llegó a sus manos el texto de la nueva ley de tráfico. La norma daba carta blanca a los detectores de radares, unos dispositivos que durante los últimos años han estado en el punto de mira de los responsables de la seguridad vial. «Se ve que quisieron cargar las tintas contra los inhibidores -interpreta Murguía- y lo hicieron tan mal que sin querer legalizaron los detectores».

Llegados a este punto conviene hacer una aclaración. A día de hoy existen tres clases de dispositivos para impedir ser multado por exceso de velocidad cuando se pasa por delante de un cinemómetro. El primero son los navegadores del estilo TomTom, que almacenan en sus memorias los lugares donde se sitúan los radares fijos y avisan al conductor unos cientos de metros antes de llegar a ellos. Se trata de dispositivos cien por cien legales cuyo único inconveniente estriba en que son incapaces de localizar los radares camuflados. El segundo método es el detector de radares que ha dado origen a la actual ceremonia de confusión. Se trata de un aparato que identifica las ondas que emiten los cinemómetros, sean fijos o móviles, y da el aviso al automovilista para que pueda adecuar su velocidad a los límites legales. Hasta la entrada en vigor de la nueva ley estaban prohibidos, pero ahora han pasado a ser legales. El tercer y último sistema es el inhibidor, que destruye las frecuencias que emiten los radares e interfiere sus señales para que la medición no se pueda realizar. El inhibidor es el único de los tres dispositivos anti-radar prohibido y las sanciones que se contemplan son de armas tomar: quien sea pillado con uno perderá 6 puntos del carné y deberá de hacer frente a una multa de 6.000 euros.

Mecánicos-juristas

La sorprendente legalización de los detectores ha llevado a los mecánicos de los talleres especializados en electrónica a convertirse en improvisados asesores jurídicos. «Nos llegan cientos de consultas de clientes porque se habla mucho del tema pero nadie lo tiene claro», dice David Blanco, del taller Sonigara de San Sebastián. El mecánico explica que la confusión generada por la nueva ley ha llevado a la Asociación Española de Instaladores de Car Audio y Multimedia (Aeicam) a encargar un informe jurídico a un bufete especializado. «Los juristas -aclara Blanco- han concluido que a la luz de la nueva Ley de Seguridad Vial los detectores de radar son rotundamente legales».

Al mismo dictamen han llegado los especialistas en leyes consultados por el Real Automóvil Club. «Aunque está claro que el espíritu no era ese, el texto no admite dudas y los detectores son legales», resume Luis Murguía. Incluso desde la propia DGT reconocen que la normativa «no prohíbe» los dispositivos de detección de radares, aunque algunos de sus responsables han declarado días atrás que están en «un limbo jurídico». Un portavoz de Tráfico ha manifestado a V que los detectores «no están prohibidos de forma expresa» y ha reiterado que la idea es «que se prohíban en el futuro». Lo que aún se ignora en la DGT es cuándo y cómo se acometerá ese cambio legal, que a tenor de lo visto podría retrasarse unos cuantos meses.

Los fabricantes y los instaladores, mientras tanto, tratan de hacer su agosto aprovechando el improvisado resquicio legal. De momento han editado carteles en los que se informa de la autorización de los detectores para disipar las dudas de los clientes y animarles a su adquisición. El que más salida tiene en los últimos tiempos es un aparato que cuesta unos 180 euros y que combina las funciones de navegador y detector de frecuencias de radar. «No se están instalando muchos porque con la confusión que hay los clientes no terminan de dar el paso, pero sí se nota más movimiento que hace unos meses», dice el mecánico David Blanco.

Entre los instaladores hay también un patente malestar contra una ley que contempla sanciones de hasta 30.000 euros para los talleres que colocan inhibidores. «No es lógica esa penalización -razona Blanco-, cuando resulta que los dispositivos que instalamos están importados legalmente y se paga el IVA por ellos; que prohíban directamente su importación y ya está». De todas formas, añade el especialista, los inhibidores apenas se instalan porque sólo son efectivos con los radares que funcionan por láser (apenas 20 de los 800 que hay en todo España). «Además -añade el instalador- nadie se va a arriesgar a montar un inhibidor pudiendo ir legalmente con un detector».
¿Y qué pasará si dentro de unos meses se vuelven a prohibir los detectores, tal y como ha anunciado el director de la DGT? Blanco sonríe y recurre al viejo aserto de ‘hecha la ley, hecha la trampa’: «Los fabricantes están a todas y el último modelo que han sacado es un aparato que sirve para abrir a distancia la puerta de un garaje, pero que también capta la presencia de los radares porque funciona en su misma frecuencia; es un dispositivo totalmente legal, certificado por el Ministerio de Industria español, y por lo tanto nadie te va a poder multar por llevarlo a pesar de que se utilice como detector».

Entre los encargados de velar por la seguridad vial también se ha instalado la perplejidad. Algunos cuerpos policiales que disponen de equipos para descubrir la presencia de los detectores de radar siguen imponiendo sanciones, mientras que otros han optado por dejar de hacerlo. «Tal y como está la ley, basta con presentar una alegación y tienen que retirarte la multa», observa el especialista en movilidad Luis Murguía.

Fuente: Hoy