Cerca de 400.000 conductores españoles circulan por la carretera teniendo el carnet de conducir retirado por falta de puntos. Ellos no lo saben, porque los organismos de Tráfico no se preocupan de comunicárselo a los interesados de manera fehaciente. Cuando los detengan, y los agentes comprueben que se le ha retirado el carnet, tendrán que enfrentarse a un delito penal, que puede llevar consigo penas de prisión. Y tendrán que demostrar que Tráfico ha sido desidiosa, y que amparándose en publicaciones que nadie lee como los boletines oficiales, considera que cumple con su deber, es decir, que una posibilidad extraordinaria la convierte en ordinaria.
Las causas de accidente con resultado de muerte causadas por el exceso de velocidad representan el 3 por ciento. La mayoría de los accidentes mortales se producen por velocidad inadecuada, es decir, cuando los conductores ante la niebla, la nieve o la lluvia emplean la misma velocidad que en condiciones óptimas y eso no lo resuelven los radares, porque los radares sólo captan el exceso de velocidad.
Miente la Dirección General de Tráfico cuando dice que lo que le preocupa son las vidas humanas. Y miente de manera artera e hipócrita, porque los radares los instala en las autopistas y autovías donde apenas se producen accidentes por exceso de velocidad, pero se recauda mucho dinero en multas, y no los coloca en las carreteras comarcales o provinciales, donde se producen la mayoría de los siniestros, porque allí no se recauda. En Francia, por ejemplo, el 80 por ciento de los radares se colocan en carreteras secundarias y sólo el 20 en autopistas. En España es al revés.
Un radar cuesta 60.000 euros de instalación y hay algunos que se amortizan en un sólo día. Miente la Dirección General de Tráfico cuando afirma que a más multas menos accidentes, porque cuando entre los agentes se produjo una soterrada huelga de bolígrafos bajaron las multas, y, sin embargo, no aumentó el número de accidentes.
Miente la Dirección General de Tráfico cuando asegura con cinismo que no tiene afán recaudatorio y es miserable que la falta de notificación raye la prevaricación, es decir que estén al borde del delito funcionarios que pertenecen a un ministerio que tiene como objetivo perseguirlo.
Fuente: Diario Siglo XXI
