El legado de Pere Navarro

Allá por el año 97 del sigo pasado, el inspector de Trabajo Pere Navarro Olivella se detenía, en un extenso informe sobre los trabajadores autónomos, en lo que sucedía (y sigue sucediendo) con los que se dedican al transporte. Decía Navarro que “los trabajadores autónomos, con su camión a cuestas y las letras como lastre, sobreviven a base de horas y horas de trabajo entre una difícil competencia cuyas duras condiciones salieron a la luz a raíz del último conflicto. El empresario argumenta, y no le falta razón, que el conductor es difícilmente controlable y que el pago por kilómetro o entrega realizada es una buena solución. Se le concede un crédito para la adquisición del vehículo, se le paga algo por llevar el anagrama de la empresa y se acuerda el precio por kilómetro recorrido […] (La Factoría, revista catalana de pensamiento social, nº 3, julio-agosto de 2007)”.

Hoy, el mismo Pere Navarro ha implantando un sistema de retribución variable para la Guardia Civil de Tráfico por el que una multa a un transportista (que son del orden de los 6.000 euros) puntúa seis veces más que an auxilio en carretera por parte del mismo guardia. Y, a más puntos, más posibilidad de cobrar el complemento salarial. Así estamos: de la alarma sobre la situación de los camioneros, a la, en muchas ocasiones, puntilla a su actividad vital. Estos días, sin ir más lejos, una “operación especial de tráfico”, ha sacado una buena tajada controlando más de 15.000 camiones.

El inspector Navarro Olivella dedicaba también sesudos artículos a la función tuitiva del derecho laboral y su importancia como pilar básico de las relaciones entre patronos y obreros. No tenía entonces carné de conducir y, por tanto, la cosa circulatoria era algo que ni de lejos pasaba por su cabeza: aspiraba, quizás, a alguna poltronilla en su Cataluña natal al calor del floreciente negocio político del nacionalismo. O a lo mejor fuera de ella: para eso es del PSC.

Sí había germinado en él, sin embargo, el gen intervencionista, liberticida, castrador y meapilítico (el partido es la religión y la propaganda, su profeta) al uso del socialismo metomentodo que como no es capaz de convencernos no tiene más remedio que someternos: por nuestro bien; es el concepto de la libertad parcial y vigilada y, por tanto, administrada, regulada; manca, coja, sorda y muda. De aquellos polvos entre revolucionarios y románticos, estos lodos paternovigilantes en los que todo compatriota, o vecino o simplemente semejante, es sospechoso de algo. Para eso están ellos, los guardianes de la pureza; para eso está el Estado. Prohibir, prohibir y prohibir. Y estos son los que se llaman el Gobierno de los “derechos y las libertades”.

Esa tuición tan ardorosamente defendida por el inspector de trabajo Navarro, por otro lado firmemente establecida en el ordenamiento legal laboral, que considera que los derechos de los trabajadores constituyen el bien jurídico a proteger, podría ahora invocarse acertadamente, por seguir su misma doctrina, a los conductores. Que, por cierto, también son trabajadores, pero a quienes hay que defender sólo de los malvados empresarios; al volante, hay que defenderlos de sí mismos, viene a ser la tesis. Y nos encontramos con que, en nombre de una supuesta “política de seguridad vial”, el derecho sancionador en materia de tráfico tiene el triste orgullo de ostentar el récord diario de violaciones de derechos fundamentales.

No, quizás, derechos como la vida (aunque los muertos desaparezcan de las estadísticas que él maneja) o de reunión (pese a que llenase de espías la última manifestación de la Guardia Civil en Madrid). Pero para Navarro Olivella, derechos como la presunción de inocencia, o a la defensa, son un estorbo intolerable que le ralentizan la cuenta de resultados, multiplicada por cinco en ingresos desde que llegó a la DGT: por eso, en el trámite parlamentario de la última reforma de la Ley de Tráfico, Pere Navarro deambulaba por los pasillos del Congreso y del Senado, predicando ante quien quisiera oírle: “Yo lo que quiero es la misma capacidad ejecutiva que Hacienda o la Seguridad Social”. Vamos, recaudar partiendo de la base de que el conductor es infractor por definición; y, si no lo es, se cambia la norma para que lo sea. Y a fe que se hizo.

No pondré a Pere Navarro a la altura de Castro, Obiang, Duvalier, Gadafi o Mubarak (que viene muy a cuento); no digo ni insinúo que lo pretenda, pero se siente tan a gusto como un mesías a quien Dios reveló La Verdad sobre la cosa circulatoria que le molesta muchísimo la discrepancia (la ahoga con rabia, dentro y fuera de la DGT, véase el caso de Palencia). Como además en Interior le dejan hacer y deshacer a su antojo y puede vender sus logros sin problemas por los casi 15 millones de euros que se deja en publicidad al año (se lleva el 98% del presupuesto anual de su Ministerio), ha terminado por creerse que eso de las libertades no va con los conductores, de modo que ponerse al volante es aceptar una suerte de estado de excepción transitorio que suspende derechos fundamentales y que dura lo mismo que su viaje. Como le gusta decir, “no vamos a cambiar algo que funciona razonablemente bien”.

El visionario y soñador director general de Tráfico (que además de su sueldo como alto cargo complementa sus ingresos como consejero de una empresa pública de gestión de aguas) está muy a gusto pasándose por el arco del triunfo los derechos constitucionales de cientos de miles de conductores españoles que, por el hecho de serlo, devienen en sujetos susceptibles de una más que lamentable, en democracia, presunción de culpabilidad. Y lo hace, además, de modo automatizado, con radares autónomos, ordenadores que tramitan las multas y un sistema legal que permite embargos de cuentas a quien ni siquiera sabe que ha sido multado: es el modelo de seguridad vial basado, como bien dijo él mismo en “Ten cuidado, que si no, la cagas”. ¿El derecho a la defensa y la presunción de inocencia? Nada, reclamaciones de locos al volante. Y, también en esto del tráfico (como con el tabaco, como con el idioma, como con la memoria histórica), era necesario dividir a la población, en este caso entre prudentes y dóciles conductores y asesinos en serie que convierten el volante en el gatillo de una metralleta, como mostraba una de las campañas publicitarias de la DGT.

Al recorte de libertades, sin embargo, había que añadir cierto atrezzo para que la empresa DGT, S.A. fuera más rentable, y para ello era necesario también la generación de una información sobre la siniestralidad en la que el éxito sólo fuera suyo, y el fracaso, de los conductores: todo es nada sin propaganda. Y así empezó Navarro: poniéndose gafas de colores y encargando carísimos trabajos de consultoría y planes de comunicación, así como sistemas de información (como el ARENA) cuya puesta en marcha, a mediados de 2006 supuso el pistoletazo de salida a los más grandes cocinados estadísticos que se pueden imaginar, algunos de los cuales han sido denunciados en este diario y reconocidos por la DGT, sin que nada pase: las asociaciones de víctimas certifican con su silencio su conformidad a la manipulación, y los grandes diarios nacionales nada quieren saber, pese a ser un tremendo escándalo que debería costar el puesto de manera fulminante al responsable de tan macabro e indecente maquillaje. ¿Y la oposición, qué dice al respecto? Calla y otorga, deseando quizás heredar pronto tan eficaz máquina de hacer dinero y contar mentiras.

Al final, todo eso no va a ser suficiente. Pere sabe que lo que haga en los próximos meses será su canto del cisne, y no quiere que la realidad le estropee el titular de una gestión trilera, ahora que hay codazos para lo que venga después de la política de tierra quemada de ZP.

Este año será el de las grandes ocurrencias de Navarro, siempre dispuesto a superarse a sí mismo. Acabamos de ver que quiere limitar la velocidad a 30 en algunas calles. Además de que eso va a suponer que se irá más rápido en bicicleta que en coche, el trasfondo no es otra cosa que la creación de un instrumento para que los ayuntamientos puedan recaudar más, llenando de radares también nuestras calles. Por cierto, que la mayoría de los atropellos no se producen en esas calles donde se quiere limitar la velocidad, sino en vías de elevada intensidad de tráfico… y, casi siempre, por culpa del peatón.

Sin libertades, sin dinero, con la gasolina por encima de las 200 pesetas el litro y con las carreteras hechas unos zorros. Así nos van a dejar. Y con unas cifras de siniestralidad que esconden la sucia manipulación de quien considera que lo único importante es el titular de prensa, que por cierto, no ha contado ni una verdad sobre lo que realmente ha pasado en nuestras carreteras en los últimos seis años.

Fuente: ElAntiRadar