Los países de la Unión Europea, a excepción de Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido, han aprobado una norma cuyo
objetivo es facilitar la ejecución de las multas de tráfico impuestas a los conductores en otro Estado miembro distinto
del de residencia.
Así, las sanciones por exceso de velocidad, conducir bajo los efectos del alcohol o de las drogas, sin cinturón de seguridad, o usando el móvil; por incumplir la señalización de los semáforos; por circular por el arcén o por ir en moto sin casco llegarán al conductor responsable aunque las infracciones fueran cometidas en un país de la Unión Europea distinto del de matriculación del vehículo. No están incluidas las multas por estacionamiento.
La norma, que debe negociarse ahora con la Eurocámara, crea un sistema electrónico de intercambio de información
entre los países de la UE para identificar al vehículo que haya cometido una infracción en el extranjero.
Una vez efectuada la identificación, el Estado en el que se haya cometido la infracción remitirá una notificación de la
misma al titular del certificado de matriculación en el que se le informa de los detalles, el importe de la multa, los procedimientos de pago y las vías de recurso. No obstante, la notificación será voluntaria, el país en cuestión no estará obligado a enviarla si por ejemplo los gastos son más altos que la multa.
Si un infractor se niega a pagar la multa, corresponderá al país donde se ha cometido la infracción decidir cómo actúa,
ya que la norma no establece los pasos siguientes a seguir.
La DGT facilita el recurso de las multas al ciudadano: Para evitar papeleo inútil la DGT va a facilitar los pliegos de descargo de los ciudadanos y solo admitirá a trámite aquellas multas donde la culpabilidad del conductor quede totalmente demostrada por pruebas como fotografías y testigos, de esta manera se espera que solamente sean multándoos aquellos conductores que, fuera de toda duda, hayan incumplido las normas de tráfico y seguridad vial… Bien, esto es lo que ocurriría en un país democrático donde el poder jurídico estuviera bien separadito del expolio soviético de Camarada Comisario.
Pero como no es así, lo que sea defendernos lo pondrán cada vez más difícil o como ya se está intuyendo, directamente anularán el derecho a reclamar (camuflado en un derecho con plazos hiper cortos, laberintos judiciales incomprensibles y al final solo papel para la papelera ya que la palabra del agente o del «sudamericano» que plantó la multa de la ORA es palabra divina y vale 100.000 veces más que la del ciudadano. Así que nada… «que buenos son los de la DGT que nos facilitan el dejarnos robar.»