DGT. ¿Cambio de ciclo? (1ª parte)

Con María Seguí Gómez llegó el relevo. Más de dos meses después de la victoria del PP en las elecciones generales, y uno desde que formó Gobierno, el Consejo de Ministros aprobó ayer el nombramiento de esta barcelonesa de 45 años como nueva directora general de Tráfico. Es la segunda vez que una mujer ocupa este cargo, después de la malograda Rosa de Lima Manzano, que ocupó el cargo entre 1987 y 1988, y que falleció en un accidente de helicóptero, pero ahí acaban las coincidencias.

Seguí cuenta con un impresionante currículum del que se pueden inferir algunas ideas de por dónde puede situarse su gestión, si bien puede afirmarse que tiene ante sí ardua tarea de actuar donde nadie antes lo ha hecho (formación, educación y movilidad), porque ninguno de sus antecesores ha tenido la valentía de pensar en el medio y en el largo plazo: todo, al menos hasta ahora, se ha fiado a la represión.

Agotadas por el Gobierno saliente todas las medidas represivas que, perfectamente dosificadas, han tenido en el corto plazo influencia positiva en la evolución de la siniestralidad, al equipo entrante le queda ahora poco margen de maniobra y la asunción de grandes riesgos ante la opinión pública, toda vez que, como se viene observando desde hace un año, los datos de siniestralidad van a ir a peor básicamente por la conjunción de dos factores: una previsible mejora en la economía (que tiene relación directa con el número de desplazamientos y, por tanto, en la siniestralidad vial) y el mencionado fin del efecto de las medidas represivas. Aquí reside el principal peligro: que los nuevos responsables de la DGT cedan al miedo de tener que enfrentarse a cifras malas por el agotamiento del modelo represivo.

Por ahora seguimos en recesión, con todos los indicadores de movilidad (desplazamientos, consumos de combustibles, que cayeron más de un 6% en 2011) en caída libre y, pese a ello, la siniestralidad quiere repuntar. En lo que llevamos de año, el número de fallecidos es prácticamente el mismo que en los mismos días del año pasado. Las alarmas están encendidas en la DGT desde comienzos del año pasado, al constatarse que los indicadores de movilidad no tenían el efecto esperado, y por eso se implantó la medida del 110 que, a la larga, resultó un desastre.

Es el momento, pues, de que se explique con claridad la realidad de la gestión de la DGT de Pere Navarro, huyendo como de la peste de lecturas reduccionistas y de confundir correlación con causalidad. Empecemos por explicar la verdadera influencia de cada uno de los factores que inciden en la siniestralidad (básicamente desplazamientos y/o situación económica del país, pero también desdoblamientos de vías y modernización del parqué de vehículos); cambios de criterio no anunciados en la estadística de víctimas; causas reales de los accidentes; inversiones millonarias en propaganda y en asesores externos, etcétera. Se trata de definir un punto de partida en el que la explicación de cómo se han hecho las cosas permita establecer un contexto de compresión más cercano a la realidad.

Reconciliación con los conductores

Ha llegado la hora. La nueva DGT tiene ante sí la oportunidad de recuperar la confianza social perdida en la DGT a ojos de la opinión pública, y especialmente de los colectivos y asociaciones de conductores, transportistas, aficionados al motor, medios de comunicación, etcétera; y también de continuar contando con el apoyo existente por parte de las Asociaciones de Víctimas y afectados por accidentes de tráfico y eliminar la actual percepción de que la Dirección General de Tráfico es un mero instrumento de recaudación del Estado como hasta ahora ha venido siendo percibida.

No se puede obviar la necesidad de que exista una política represiva que penalice las conductas antisociales de determinados conductores y una maquinaria eficaz que gestione el curso de las infracciones y sanciones administrativas. Es indispensable igualmente un ordenamiento jurídico a la altura y adaptado a las nuevas realidades sociales. Con las últimas reformas del Código Penal, aún con matices que sería beneficioso reformar, y con la implantación de un Centro de Gestión de Tráfico (Centro de Gestión de León) se cuenta ya con esas herramientas. Herramientas clave y valiosas que sin embargo conviene aprender a utilizar con solvencia y mayor eficacia que la simplemente económica: con eficacia social.

Partiendo de las dos vías de control y represión ya existentes y no siendo necesarias otras adicionales (salvo reformas puntuales), y dado que son percibidas como parte de un engranaje de control impersonal y únicamente recaudatorio, conviene desarrollar una política en la que, con base de la mejora en Seguridad Vial, se elimine la sensación de que toda acción encaminada a salvar vidas pasa por la sanción pecuniaria y terminar con la idea de que sólo se imponen denuncias para “hacer caja”, con el agravante para el conductor de la frustración que produce el saber que la infracción cometida le ha sido impuesta por un máquina, notificada por una máquina y que va a ser otra máquina quien resuelva la totalidad del proceso. Más aún cuando, después de la última reforma de la LSV, las multas han terminado por perder su carácter corrector para ser un simple instrumento de recaudación ejecutiva en el que alguien, infractor o no, acaba pagando, sí o sí.

En los últimos años todos los planes o medidas presentadas por la DGT incluyen modificaciones o reformas en el marco de la norma represiva, e incluso el permiso por puntos fue elaborado de forma que una vez perdido el saldo total de puntos, se pueda recuperar mediante el pago de un curso sin mayores consecuencias. Es decir, de solucionarlo todo pagando.

De esta forma se ha generalizado la sensación de que no se elimina de la carretera al conductor de riesgo, sino que sólo se le cobra por haber generado ese riesgo, pudiendo crear tantas situaciones de peligro como sea capaz de asumir y pagar: no olvidemos de que ya no existe la retirada del permiso temporalmente para ninguna infracción.

Consenso social, no sólo político

Más allá de las tentaciones continuistas en la gestión de Seguí, que tímidamente han aparecido en los medios los dos últimos días, la política de la DGT debería incluir reformas que procedan de un máximo consenso con los diferentes actores de la movilidad y la Seguridad Vial. Una parte fundamental es la reconciliación entre los colectivos de conductores que reclaman mayores libertades como avance real en el transporte de particulares por carretera, pero también con los colectivos de víctimas y afectados por accidentes que apoyan cualquier idea que suponga la penalización y castigo de los conductores, a quienes aun formando parte de ellos, consideran “enemigo”.

Estas asociaciones han de tenerse en cuenta, pero siempre teniendo presente que están formadas por personas carentes de cualquier formación en la materia y que visualizan el problema desde un único prisma. Personas que viven en el espejismo de su excesiva proyección mediática derivada de su utilización como instrumentos al servicio de una política de Seguridad Vial de carácter exclusivamente represivo.

La idea básica que, en mi opinión, debe presidir la gestión de María Seguí ante el público es presentar una “Nueva DGT”, cuyo eje principal se base en el complemento del conductor o usuario de carretera, expresando un nuevo modelo de gestión en el que se haga percibir que la sanción es el último escalón, y no el fin. Veremos si los tiros van por ahí.

En el próximo artículo, el catalogo de medidas que proponemos desde Movimiento140, en:

– EDUCACIÓN.
– FORMACIÓN DE CONDUCTORES.
– REGLAMENTO DE VEHÍCULOS Y CARRETERAS.
– LEGISLACIÓN PENAL Y ADMINISTRATIVA.