El grueso de la reforma energética, que el Gobierno podría aprobar hoy, lo soportarán los consumidores y los contribuyentes. La citada reforma incluye un recargo en los carburantes, el llamado céntimo verde; una subida del impuesto de la electricidad, y una tasa general a la producción. Con ella, el Ejecutivo quiere aportar 4.300 millones al sistema.
El Ministerio de Industria ultimaba ayer el real decreto-ley con el que abordará la segunda fase de la llamada reforma energética para acabar con el déficit de tarifa. El proyecto normativo, que incluye esencialmente medidas fiscales, podría ser aprobado hoy por el Consejo de Ministros, según distintas fuentes del sector, aunque no se descarta que su aprobación se aplace a la reunión del próximo viernes, dado que los técnicos del ministerio que dirige José Manuel Soria seguían rematándolo ayer por la tarde.
Según las mismas fuentes, la reforma incluiría tres grandes medidas fiscales: la aplicación del llamado céntimo verde; un incremento del impuesto de la electricidad (medida esta que reconoció ayer Soria), y una tasa general sobre cualquier tipo de generación. Con todo ello, el Gobierno de Rajoy pretende aportar al sistema eléctrico 4.300 millones de euros, lo que ayudaría a poner coto al déficit de tarifa. La primera fase de la reforma, aprobada el pasado 30 de marzo, supuso una subida de las tarifas de 1.640 millones de euros y un recorte de los ingresos de las eléctricas de otros 940 millones, esencialmente de la distribución.
Respecto a la primera medida, se trata de un recargo en el impuesto de hidrocarburos de entre tres y cuatro céntimos por litro de carburante, con el que se pretende ingresar unos 1.500 millones de euros. Las petroleras se han opuesto con uñas y dientes a la introducción del llamado céntimo verde, pues, aunque lo repercutirán en el precio final a los usuarios, temen que esta subida tenga un efecto negativo sobre la demanda y, cada año, en el impuesto de sociedades que pagan.
Aunque los impuestos no son finalistas, se sobreentiende el compromiso del Gobierno para destinar los citados 1.500 millones a sufragar, por ejemplo, el coste de las primas de las renovables, que suponen más de un tercio de los costes de la tarifa de acceso. De esta manera, el sector petrolero haría su contribución a los objetivos medioambientales de la Unión Europea para 2020 y el coste del fomento de las energías limpias recaería no solo en los consumidores eléctricos, sino también en los usuarios del transporte.
Una segunda medida, que avanzó ayer de un modo confuso el titular de Industria, consiste «en un incremento de la imposición indirecta que grava la generación de energía». Fuentes próximas al Gobierno aseguran que se trata de un aumento del impuesto especial de la electricidad (actualmente del 5% de la factura) que, en teoría, grava la producción eléctrica y que las empresas repercuten en la factura a sus clientes. La recaudación se la llevan después las comunidades autónomas.
Dado que todos los impuestos especiales son repercutibles, los consumidores soportarían cualquier subida de este tributo, que se sumarían además a los inevitables incrementos de la tarifa. El Gobierno podría modificar este gravamen para que sus ingresos los cobre el Estado o este y las comunidades en dos tramos distintos. También este dinero iría a las arcas públicas, pero no directamente a recortar el déficit de tarifa.
Una tercera medida que se baraja es el establecimiento de una tasa general a la producción eléctrica, que, por ser tasa, sí sería finalista y se quedaría en el sistema eléctrico. Esta tasa gravaría cualquier tipo de producción (incluso la renovable). También en este caso su coste podría ser trasladado por las empresas al precio final de la energía, salvo la nuclear, la hidráulica y cierta renovable, que, frente a la térmica de carbón y gas, no influyen en la fijación del precio en el mercado mayorista (pool).
Fuente: Cinco Dias
Una estupenda medida para desacelerar la esonomía.
Me descubro ante tal muestra de sabiduría.