La Administración Pública ahorraría casi 102.000 millones de euros en los próximos treinta años con un sistema de peajes en las carreteras españolas, además de obtener unos ingresos iniciales de 14.704 millones si opta por sacar a concesión la explotación de la red. Así se desprende del estudio económico de la tarificación de las infraestructuras de carreteras de España realizado por el Centro Español de Excelencia y Conocimiento de la Colaboración Público Privada (Cecopp) y coordinado por José Manuel Vassallo.
La Unión Europea está promoviendo la aplicación de una política de tarificación por uso de infraestructuras y se ha centrado hasta ahora en establecer un marco legal, a través de la Directiva Euroviñeta, que contempla la posibilidad de introducir sistemas impositivos a vehículos pesados, como paso previo a su extensión al resto del parque de vehículos.
La idea que tiene la directiva es establecer un pago tanto en las autovías como en aquellas vías en las que puede haber razonable desviación de tráfico, lo que quiere decir que el tiempo de viaje sea básicamente el mismo o un poquito más, porque obviamente nadie o muy pocos van a no pagar por tardar el doble y estas carreteras sí que van a estar sin tarificar, ha matizado Vassallo en la presentación del estudio.
El Gobierno está estudiando la medida, pero en ningún momento la ha dado por segura de aplicar, ha añadido Vassallo, que cree que el Ejecutivo la considerará en el conjunto de otras muchas medidas de políticas públicas. En el estudio de Cecopp se establece un modelo que grava tanto a vehículos pesados como a ligeros, si bien el pago por uso para los primeros se introduce en 2013, y para vehículos ligeros en 2017.
La tarifa media para vehículos ligeros sería de 3 céntimos de euros por kilómetro y para vehículos pesados, de 8 céntimos. Des esta forma, el trayecto Madrid-Valencia costaría aproximadamente unos 11 euros para vehículo ligero y 24 euros para vehículo pesado, mientras que Madrid-Toledo, 2,5 euros para vehículo ligero y para pesado, unos 4 euros.
Estas tarifas estarían por debajo de otros países europeos porque tienen inversiones más elevadas que España, que ha sido muy eficiente en el coste de carreteras y lo ha hecho a precios mucho más baratos. (La directiva obliga a imputar el coste de la infraestructura). Uno de los problemas que tiene la implantación de peajes en las carreteras es su rechazo social y, en este sentido, Vassalo ha reconocido que la sociedad no está preparada para ello, pero nunca lo está para medidas «que no nos gustan y una de ellas es que nos cobren».
Por ello, a su juicio, hay que saber explicar muy bien a la gente el motivo, como se hace con cualquier otra medida política como puede ser la subida de un impuesto o un recorte, ya que es una medida dolorosa y que cuesta al usuario. Con la tarificación, las inversiones en carreteras todos los años en lugar de pagarse vía impuestos, se pagarán vía esa tasa, así que «la única diferencia es si se va a financiar vía deuda y déficit público o vía subida de otros impuestos como se quiera o vía que sean los usuarios que paguen por uso de la infraestructura».
En cuanto a la aplicación del pago por uso de infraestructuras de modo generalizado, requiere poner en marcha un sistema de cobro electrónico de peaje que permita el flujo libre. De entre todos los sistemas posibles, el DSRC o tecnología satelital es el más extendido entre los países que ya aplican la tarificación en su red, pero su implementación lleva tiempo (entre 2 y 3 años) y es costosa (entre 150 y 200 millones al año), ya que requiere una importante armonización y adaptación legislativa para combatir y evitar el fraude.
Fuente: Motor Terra
