El pasado 18 de octubre se celebró en Madrid la X Jornada sobre Barreras Metálicas de Seguridad, organizada por SIMEPROVI (Asociación Española de Fabricantes de Sistemas Metálicos de Protección Vial), y en la que Automovilistas Europeos Asociados (AEA) tuvo una relevante participación.
Estas jornadas comenzaron a celebrarse en el año 2003, con el objeto de difundir los avances del sector de los sistemas de contención de vehículos en general, y de los elementos metálicos en particular. Desde entonces se han producido importantes progresos en la seguridad de las carreteras, a lo que han contribuido los avances en cuanto a la protección de los laterales de las mismas.
En esta jornada, denominada “El cinturón de seguridad de las carreteras”, fueron objeto de análisis las causas de la mortalidad en las carreteras españolas y las actuaciones más apropiadas para tratar de paliarlas, teniendo en cuenta la complicada situación económica actual. En concreto, se resaltó la relevancia que tienen los accidentes por salida de calzada, que continúan causando entre el 30% y el 40% del total de muertos y heridos, y el problema del estado de conservación de las redes convencionales, donde se producen el 80% de los muertos en accidente de tráfico.
Soluciones universales seguras
Durante su participación en la jornada, AEA señaló que la reducción de la siniestralidad en las carreteras no se ha producido por la implantación del carné por puntos o la aplicación del Código Penal, sino debido a la inversión
en infraestructuras.
En cualquier caso, AEA insistió en que debe hacerse un diagnóstico certero de por qué se producen los accidentes y abogó para que se cumplan las leyes que se promulgan.
Además, en el caso de las barreras de seguridad de las carreteras, AEA hizo hincapié en la importancia de que las soluciones técnicas que se implanten para la sustitución de los guardarraíles de las carreteras deben ser válidas para todo tipo de usuarios de la carretera, y para todo tipo de circunstancias y remarcó que si hay un siniestro que se
deba a la ilegalidad o alegalidad de dichos sistemas, la responsabilidad patrimonial tendría que ser de la Administración.
