El Gobierno parece decidido a poner coto a la venta ilegal de vehículos de ocasión en la vía pública, una práctica denunciada desde hace años por los concesionarios y otros establecimientos profesionales de compraventa, que alertan de la competencia desleal que supone esta práctica para su negocio. Se trata de prohibir lo que se conoce como mercadillos de coches, o concesionarios ambulantes, y que al calor de la crisis han proliferado en descampados, aparcamientos de centros comerciales o cualquier otro gran espacio de la vía pública.
Los concesionarios de marca y compraventa denuncian que los particulares que llevan a cabo este tipo de operaciones -y que muchas veces se hacen pasar por profesionales- «no cuentan con las autorizaciones municipales para desarrollar su actividad, no pagan impuestos ni están dados de alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE». Un «mercado negro» que genera al sector automovilístico unas pérdidas anuales de 300 millones de euros. «Además promueve la economía sumergida», explica Juan Antonio Sánchez Torres, presidente de la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (Ganvam).
Como siempre hay que distingur entre el pillo que tiene un auténtico negocio de compra venta ilegal y no paga impuestos del señor que quiere vender su coche y va a un sitio para ver si encuentra alguien que se lo compre.
La ley al final ¿a quién penará? está claro… democracia? los cojo…