España necesita de políticas que devuelvan el poder adquisitivo perdido a los trabajadores

El Consejo de Ministros ha aprobado una nueva y única tarifa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para todo 2015, que supone una rebaja en los tipos impositivos para los trabajadores asalariados y para los autónomos.

La Unión Sindical Obrera recibe esta medida con buenos ojos, pero con muchos peros, ya que redimirá, en cierto modo, el profundo esfuerzo realizado por la clase trabajadora en los últimos años, aunque su adelanto en tiempo y forma responde más bien al interés electoralista del partido del Gobierno.

De nuevo, esta medida se notará especialmente en aquellos trabajadores con altos ingresos, y será casi imperceptible en la gran mayoría trabajadora, tramo que va desde los 20.200 euros hasta 33.000, para los que el tipo será el mismo que hace exactamente un año, mientras que para el tramo anterior –que va desde 12.450 hasta 17.707 euros- la reducción será raquítica, del 24,75% al 24%, con respecto a 2014. Las rentas altas serán las más favorecidas, mientras las rentas bajas seguirán sin percibir la “incipiente” recuperación económica.

Porcentualmente, esta rebaja del IRPF beneficia a las rentas más altas, con rebajas de 2 a 7 puntos porcentuales mientras que no ocurre lo mismo con las rentas más bajas, para las que la aplicación de esta medida es casi imperceptible.

Una vez más, el Gobierno pierde la oportunidad de poner en marcha medidas para frenar el empobrecimiento y la desigualdad social de los que más están sufriendo la crisis: desempleados –con o sin prestación-, trabajadores pobres y medios, personas con discapacidad, inmigrantes y jóvenes. Consideramos que la reducción de los tipos de IRPF tendrá efectos positivos en el consumo y en el proceso de recuperación económica, pero debía haberse llevado a cabo en otros términos distintos, incidiendo significativamente en las rentas bajas y medias.

En este sentido, desde USO continuamos defendiendo la necesidad de llevar a cabo una reforma fiscal más justa y equitativa, en la que el esfuerzo recaiga el esfuerzo sobre todos los ciudadanos por igual, independientemente del territorio donde residan, teniendo en cuenta como única variable la capacidad económica del contribuyente, de modo que quien más capacidad tenga, contribuya más.

Asimismo, entendemos que España precisa de políticas que restituyan la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores durante los años de crisis económica y tras la aplicación de las políticas de recortes públicos y reestructuraciones en empresas.

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