Representantes de la Dirección General de Tráfico se han reunido el sabado día 16 de Octubre con el Comité de Huelga designado por los Sindicatos convocantes (CSIF y CGT) de la huelga parcial indefinida, cuyo comienzo se produjo el 14 de septiembre de 2015.
La convocatoria de huelga se realizó por los siguientes motivos:
1-Falta de concreción de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) negociada en Mesa Delegada.
2- Falta de medidas de protección a integridad del personal de la DGT, en especial de los examinadores de tráfico.
3- Falta de personal que asegure unos servicios públicos de calidad.
4- Una carga de trabajo en exámenes no correspondiente a estándares de calidad y al límite del horario general de trabajo, que, además no respeta tiempos de descanso en un trabajo de estas características.
Las propuestas de la Dirección General de Tráfico sobre estas cuatro reivindicaciones son las siguientes:
INCREMENTO RETRIBUTIVO
La RPT se ha negociado en la Mesa Delegada de RR.HH que es el ámbito negociador que legalmente corresponde y la DGT y el Ministerio del Interior la han elevado a la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR) por lo que desde la DGT se ha impulsado el incremento retributivo solicitado por los sindicatos firmantes de dicho acuerdo (CCOO, UGT y CSIF).
Por ello no se entiende el mantenimiento de una huelga por esta materia cuya tramitación se está siguiendo de forma escrupulosa y no depende de la decisión de la DGT.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN
La Dirección General de Tráfico acepta la reivindicación del Comité de huelga sobre la comunicación del resultado sin necesidad de especificar si es apto o no apto, como medida de protección de la integridad física del personal, en especial de los examinadores. Por ello, se acepta que el examinador facilite siempre una explicación clara sobre el resultado de la prueba, en presencia del profesor al que entregara el impreso autocopiativo.
El examinador para garantizar la calidad del servicio que determina la Directiva 2006/126/CE y el Reglamento General de Conductores en su Anexo VIII, deberá dar en todo caso al examinando una explicación clara sobre el resultado de la prueba, es decir, una explicación de cómo ha realizado el examen y las faltas cometidas, dejando a la decisión de cada examinador la comunicación completa del resultado final.
La DGT además de aceptar este punto, para profundizar en las medidas a adoptar para evitar las agresiones propone:
a) Todas las explicaciones sobre el resultado se entregarán fuera del vehículo al término del examen, como máximo cada dos personas.
b) La comunicación/ explicación deberá realizarse en un entorno seguro. Entorno seguro se considera el centro de examen, así como los puntos de citación preestablecidos. No obstante, si el examinador percibe como seguro cualquier otro punto, podrá utilizarlo bajo su responsabilidad.
c) Revisión de los lugares seguros. La DGT se compromete a hacer grupos de trabajo en cada una de las provincias (jefe provincial, coordinador-examinador, examinadores) para la revisión de los lugares seguros para la explicación del resultado, así como los itinerarios, evitando los puntos de fin de examen que puedan considerarse no seguros. La revisión se deberá realizar en los próximos meses a partir de la desconvocatoria de la huelga.
d) Además, se informa que la DGT está trabajando en la publicación de los resultados en la web dgt.es para la consulta del interesado a través de su DNI y fecha de nacimiento en los próximos meses.
LOS EXAMENES SEGUIRÁN SIENDO UN SERVICIO PUBLICO
Sobre la falta de personal que aseguren unos servicios públicos de calidad hay que indicar lo siguiente:
Desde la Dirección General de Tráfico, además de poner en marcha la instrucción sobre la calidad de los exámenes, se está haciendo un esfuerzo muy importante en la formación de nuevos examinadores.
A pesar de la reducción en el número de funcionarios totales disponibles en el Organismo para todas las competencias encomendadas al mismo, se han formado a lo largo de estos últimos 2 años (2014/2015) a unos 100 nuevos examinadores, a través de 4 cursos de formación, de 10 semanas de duración, y está previsto llevar a cabo en este último trimestre un nuevo curso para otros 21 nuevos examinadores.
Para 2016 se ha previsto llevar a cabo otros 3 cursos de formación en los que se formarán unos 60 nuevos examinadores.
Por lo tanto el compromiso de la DGT con esta área de actividad económica es máximo y prioritario, transfiriendo efectivos de otras actividades al Área de Exámenes y apostando por mantener dentro del Servicio Público, llevado a cabo por empleados públicos, la realización de los exámenes para la obtención del permiso de conducir.
Este compromiso por lo público implica un alto grado de objetividad, neutralidad, imparcialidad, eficacia y orientación al ciudadano, que se presta por igual en todo el territorio nacional, y que no está sujeto a intereses de ningún tipo.
Mantener este servicio público en estas condiciones, es una garantía de igualdad para todos los ciudadanos, que la DGT quiere preservar como un servicio esencial.
CARGA DE TRABAJO
La instrucción 2012/C-106 acordada con la mesa delegada de RR. HH regula el número de pruebas que pueden ser asignadas a cada examinador cada día. El número de pruebas máximas para el permiso de la clase B es de 13 pruebas por examinador y día.
En la actualidad, en la mayoría de las Jefaturas se están asignando a cada examinador 12 o menos pruebas salvo en un grupo pequeño de jefaturas que por falta de capacidad (falta de examinadores, bajas laborales, vacaciones, permisos…etc.) para absorber la demanda asignan el tope máximo de pruebas. La media nacional por examinador y día es de 10 pruebas. Por tanto, de forma generalizada los examinadores realizan menos de 13 pruebas diarias.
La DGT consciente que existe todavía, en algunas Jefaturas examinadores que realizan 13 pruebas se compromete a adoptar las medidas organizativas necesarias para que progresivamente disminuyan el número de examinadores que realizan 13 pruebas, salvaguardando, en todo caso, la optimización del servicio público con unos criterios de transparencia, eficacia y eficiencia en la asignación de sus recursos.
