La Comisión de Enlace de la Mesa Estatal por el Referéndum de las Pensiones (MERP), de la que USO forma parte, se ha reunido para definir estrategias como respuesta al nuevo ataque que están sufriendo las pensiones en las últimas semanas y que está creando un clima de opinión favorable a los fondos privados de pensiones, lo que reafirma la imperiosa necesidad de blindar las pensiones en la Constitución.
Tras la reunión, se acordó convocar una recogida de firmas unitaria a nivel estatal para el próximo miércoles 7 de febrero. Desde la MERP, se ha planteado el objetivo de conseguir dos millones de firmas para el blindaje de las pensiones en la Constitución. Hasta el momento, ya se han entregado cerca de 800.000 firmas ente las defensorías del Pueblo. Desde la Comisión de Enlace, se ha acordado entregar los miles de firmas recogidas desde principios de año en un acto reivindicativo que tendrá lugar en Madrid en el mes de marzo.
USO apuesta firmemente por la defensa del sistema público de protección social; entendemos que nuestra convivencia social debe estar basada en un Sistema Público de Seguridad y Protección Social de Reparto Solidario, que permite que nuestra sociedad sea más humana.
Desde la USO, nos opusimos a la aprobación de Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social, que entró en vigor en 2013; una ley que se fraguó con un pacto de social entre el gobierno de Zapatero, CEOE, CEPYME, CCOO y UGT. Una ley que elevó la edad de jubilación a los 67 años, que introdujo las claves de la modificación de la revalorización de las pensiones, contra la que USO llevó a cabo una potente campaña para intentar frenar su aprobación y convocó una movilización del sindicalismo independiente que culminó con una gran manifestación ante el Congreso de los Diputados el 29 de junio de 2011.
Denunciamos que una de las medidas más agresivas y que más ha afectado al poder adquisitivo de los y las pensionistas es el factor de sostenibilidad, introducido en la reforma de las pensiones de 2011, en una nueva disposición adicional, y que fue desarrollado en 2013 en la Ley 23/2013, de 23 de diciembre. El simbólico e insultante incremento del 0,25% que por quinto año se lleva produciendo por parte del gobierno, en el que no se tienen en cuenta el incremento del IPC ni las desorbitadas subidas de servicios básicos como la luz, no hace más que acrecentar la devaluación de los ingresos de los pensionistas, que en muchos casos son quienes sustentan la economía familiar.
Por ello, plantamos cara en su momento a la reforma de las pensiones de 2011 y por ello, en 2013, creamos junto con otras organizaciones la Mesa Estatal Pro-Referéndum de las Pensiones (MERP). Desde ella, las más de 300 organizaciones que la componemos promovemos una reforma que blinde las pensiones en la Constitución: que la prohibición de cualquier tipo de privatización y el mantenimiento del poder adquisitivo real de las pensiones sea obligación y mandato constitucional inexcusable para los poderes públicos.
