La Audiencia Provincial de Valencia ha estimado un recurso interpuesto por un automovilista y ha condenado a un taller a que le indemnice con 1861,15 euros, por los daños que tuvo su automóvil al no haber sustituído la correa de distribución en la revisión de los 90.000 kilómetros prescrita por el fabricante.
El número de conductores que cumplen prisión en España por cometer un delito contra la seguridad vial se ha multiplicado por cinco desde enero de 2009. Así, se ha pasado de 200 personas en prisión por este motivo en enero del año pasado a 988 internos a primeros de junio de 2010, según los datos de la Fiscalía de Seguridad Vial. Estos datos no incluyen los de las cárceles ubicadas en Cataluña, al tener las competencias en esta materia transferidas.
El Gobierno ha prorrogado hasta el 31 de diciembre de este año o hasta que se agoten los fondos, el programa de
ayudas directas a la compra de motocicletas, denominado Plan Moto-E, que únicamente ha agotado el 22% de su presupuesto, desde que entrara en vigor en julio de 2009.
En los últimos meses el gobierno español ha venido dando importantes pasos para liberalizar la actividad industrial de los talleres de reparación de automóviles, así como de equipos y de componentes, en consonancia con las directivas comunitarias relativas a facilitar el libre acceso de la actividad de servicios y su ejercicio.
El Juzgado de lo Penal nº 2 de Pamplona ha condenado a un joven de Tafalla (Navarra) a pagar una multa de 1.800 euros y a 31 días de trabajos en beneficio de la comunidad, por conducir sin carné y a su padre, que le estaba dando una clase práctica, con una multa de 2.160 euros, por cooperador necesario.
La Audiencia de Cantabria ha reducido a la mitad la condena impuesta a un taxista que mató a un peatón al ir distraído revisando unas notas mientras conducía, porque el Juzgado que tenía que resolver el caso lo tuvo dos años parado sin
motivo.
En estos últimos días hemos visto al Fiscal coordinador de Seguridad Víal, el señor Bartolomé Vargas, indicar que se perseguirá a los “acosadores” viales, y cuando se conducita sea delictíva, serán enjuiciados por un delito de “conducción temeraria”. Además de esto, gracias a medios de comunicación nos ha llegado la información de que el uso de inhibidores de radar, trucaje de tacógrafos, reincidencia, gravedad de la pena, ocultación de matrícula o “tuneado” de vehículo pueden ser objeto de decomiso del vehículo.
Legales desde la reciente aprobación de la nueva Ley Sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (Ley 18/2009), los detectores de radar se han erigido como los protagonistas de uno de los grandes debates sobre seguridad en la carretera: el que trata sobre si estos equipos hacen o no más segura la conducción.
Les comunicamos que ayer miércoles 21 de julio, la Asociación Española de Car Audio y Multimedia (AEICAM) se reunió con la Dirección General de Tráfico en las de pendencias centrales de dicho organismo para tratar de asuntos relativos a la legalidad de los detectores de radar en nuestro país.
La directora del Observatorio Nacional de Seguridad Vial de la DGT, Anna Ferrer, ha declarado que seguir conduciendo en edades avanzadas debe ser una “cuestión de responsabilidades”, sobre todo cuando “cada vez hay más cantidad población mayor”. Ferrer pidió a las familias, los médicos, los centros de reconocimiento y los propios conductores que supieran detectar los “límites” que cada uno tiene a la hora de seguir conduciendo más allá de lo que sus capacidades le permitan.
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