¿La DGT debe cumplir la ley?

La pregunta es bastante clara, ¿debe la DGT cumplir las leyes vigentes, o en realidad están exentos de hacerlo por alguna razón? La pregunta viene a cuento por una sentencia del Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) de Castilla y León que declara ilegal el embargo de una cuenta a un conductor sancionado por la forma en la que ha sido tramitado dicho expediente.

Básicamente, el problema es que la DGT ha aplicado con carácter retroactivo una ley que se puso en marcha en noviembre de 2010 por la cual se podían anunciar las sanciones de Tráfico en el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico (TESTRA) y aprovecharon para colar las multas no cobradas de los años anteriores por esta vía, algo que ahora esta sentencia ha declarado ilegal.

La DGT es un organismo nacional, pero exactamente igual lo han estado haciendo el Servicio Catalán de Tráfico, un organismo autonómico, y el Ayuntamiento de Madrid, un ente Municipal. Según una estimación de Automovilistas Europeos Asociados, que es la asociación que ha defendido al conductor al que se había embargado la cuenta, hay más de 200.000 casos iguales de estas tres entidades.

Sin embargo, el Gobierno Vasco hizo una correcta aplicación de la ley y no empezó a utilizar este sistema de publicación de sanciones en el TESTRA hasta nueve meses después, con denuncias impuestas con posterioridad a la puesta en marcha del mencionado tablón.

La DGT tiene un departamento jurídico que se encarga de gestionar las multas y de tratar de cobrar el máximo de las mismas. Su objetivo puede ser lícito, hacer que un conductor infractor cumpla con la sanción impuesta. Pero en cualquier caso debe cumplir escrupulosamente con las leyes vigentes. Al menos eso ocurre en un estado de derecho, donde el fin no puede justificar los medios.

No puede ser que un conductor tenga que defenderse por sus propios medios, pagando sus abogados y procuradores y demás, contra las ilegalidades de un departamento como es el jurídico de la DGT. Sobre todo por una cuestión básica, y es que el departamento jurídico de la DGT lo pagamos entre todos los españoles “a escote”. No es una empresa independiente que cobra por cada multa que se hace efectiva, sino que forma parte de la Administración del Estado.

Ante un caso como el que se acaba de producir, una sentencia judicial en contra de la DGT y el anuncio de que hay muchos más casos en las mismas circunstancias, quizá la Dirección General de Tráfico debería tomar cartas en el asunto. Estudiar los casos en los que se ha podido cometer el mismo error legal y subsanarlo de la mejor manera posible. Y en cualquier caso a favor de los que han visto sus derechos vulnerados.

¿Ustedes creen que en algún momento va a pasar por la cabeza de algún alto cargo de la DGT, o del departamento de gestión de multas de Tráfico que Zapatero instaló en León hace unos años, devolver el dinero a los conductores tras un proceso ilegal en el cobro? Yo, sinceramente, creo que no.

Más bien creo que el trabajo de la DGT, del departamento jurídico y de todos los demás de dicho organismo, es pensar cómo van a hacer para el año que viene, el 2013, imponer multas por valor de 384 millones de euros, repito solo por parte de la DGT, como se contempla en los Presupuestos Generales del Estado.

Los conductores son cada vez más cumplidores. Cada día hay menos personas que circulan deprisa por lo que los radares fijos ya no cumplen con su misión recaudatoria, por lo que empiezan a montarse puestos de cacería. Si circulan por un tramo de carretera con tres carriles, perfectamente seguro y ven una señal de 60 o de 50 km/h pisen el freno a fondo. Detrás de la señal habrá un radar de trípode, que es la última moda, y 200 metros después dos o tres coches de la Guardia Civil con todos sus agentes bolígrafo en mano a la espera. Eso sí, esos coches llegan hasta allí a 100 km/h para ganar en productividad.

La plantilla de la Guardia Civil de Tráfico debe estar en estos momentos en los 10.000 agentes. De ellos, algunos no patrullan, no se encargan de denunciar a los conductores, pero en cualquier caso si la DGT va a imponer multas a los conductores por valor de 384 millones de euros, cada agente de la DGT recaudará en el año 2013 un total de 38.400 euros de los ciudadanos conductores de media.

Cada día más, los conductores tienen la sensación de que la Guardia Civil está en la carretera para sancionar y recaudar, y desgraciadamente es cada vez más cierto. La culpa no es de los agentes, sino de sus jefes que son los que les dicen a final de cada mes…el mes que viene tienes que traerme 350 multas, o 300, o 400 y si no te quito el plus de productividad. De momento, por las noticias que yo tengo, no les obligan a una cuantía económica de multas, pero si a un número de denuncias.

Fuente: El Confidencial