El Consejo de Ministros del pasado 21 de enero ha aprobado la Declaración de Emergencia Climática y Ambiental en España que incluye a una serie de medidas para afrontarla. Esta declaración no es coyuntural por lo acontecido con la reciente borrasca Gloria, sino que busca la descarbonización de la economía y la neutralidad climática para lograr que la temperatura media no suba más de un grado y medio desde la época pre-industrial y afecte a la vida y biodiversidad.
Está enmarcada en la Declaración aprobada en el Parlamento Europeo en el mes de noviembre y en los compromisos nacionales de reducción de emisiones de CO2 en esta década, también de transición justa, y tendrá un desarrollo normativo que influirá en la dinámica económica y social en los próximos años.
USO considera que son positivas, en términos generales, las medidas aprobadas, más si hay mecanismos de participación, revisión y posibilidad de realización de propuestas alternativas. Entre las tareas de la vigilancia y control para que se efectúe una transición justa y que nadie se quede atrás; se generen puestos de trabajo alternativo en los sectores y territorios afectados negativamente, y que el coste de adaptación sea financiado por un sistema fiscal más justo y equitativo.
Entre las 30 medidas aprobadas por el Consejo de Ministros está la remisión a las Cortes de un proyecto de ley sobre el Cambio Climático y Transición Energética.
Esta ley enmarcará las actuaciones necesarias para que la generación eléctrica sea totalmente de origen renovable o la no emisión de CO2 por los vehículos en el año 2050.También, para que el sistema agrario sea neutro en emisiones de CO2 -que la emisión y captación se neutralicen-, desarrollo de la economía circular o la lucha contra la desertificación.
La Declaración de Emergencia Climática y Ambiental no tiene rango legal pero dibuja un horizonte temporal y de transformaciones económicas y sociales y asume elementos parciales ya en marcha como el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), que ya prevé la reducción de un tercio de emisiones de gases de efecto invernadero y un 74% de energía renovable en generación eléctrica en el año 2030.
Como en el caso europeo, será necesaria una movilización de inversiones cuantiosas (calculada en 200.000 millones de euros para el periodo 2021-2030). Ya, en las instituciones europeas hay búsqueda de alineamientos de los mecanismos e institucionales europeos, fondos estructurales, Banco Europeo de Inversiones, semestre europeo, etc., que reoriente las políticas europeas para afrontar el cambio climático, la adaptabilidad y la transición justa.
