El primer grupo de sanciones que deben ser anuladas -según señala AEA en su petición- se refieren a 1.260.646 expedientes sancionadores tramitados por el consistorio madrileño entre abril y septiembre del 2023, con graves defectos en las notificaciones a los interesados, según reconoció el propio Ayuntamiento de Madrid en la denuncia formulada ante la Fiscalía Provincial de Madrid el pasado 25 de marzo contra la empresa encargada del servicio RD Post Comunicación Certificada S.L.
En dicha denuncia el Ayuntamiento reconoce que en la primera actuación revisora realizada por el IAM (Informática del Ayuntamiento de Madrid), se detectaron irregularidades en las notificaciones de dos de cada tres expedientes inspeccionados ( 62,33%) y señala que “Al margen del perjuicio directo derivado de la facturación de servicios no prestado, debemos señalar que el Ayuntamiento ha sufrido otro perjuicio, consecuencia de la afección que las notificaciones irregulares van a producir en los procedimientos administrativos en que se debieran haber efectuado. La falta de notificación podría determinar la caducidad de los procedimientos sancionadores que se traducirá en que por parte del Ayuntamiento de Madrid no se podrá hacer efectivo el cobro de sanciones impuestas por el defecto en la notificación.”