Los juzgados admiten a trámite las primeras demandas contra Stellantis

Los juzgados de Vigo ya han admitido a trámite 15 de las más de 100 demandas presentadas por las víctimas contra Stellantis por los motores fallidos. El pasado mes de diciembre se presentaron las primeras 112 demandas ante los juzgados en Vigo, ciudad donde Stellantis tiene su sede principal. Se abrió así la vía judicial que debería llevar a la multinacional francesa a compensar a esas víctimas con una indemnización total (para esos 112 expedientes) de 1.150.000 euros. Recordamos que a día de hoy la plataforma representa a mas de 7000 afectados por los motores Puretech.

El presidente de AFESTEL se ha mostrado satisfecho con la noticia de la admisión a trámite de las primeras demandas, Yerba Luca de Tena: “Es un paso positivo; Stellantis deberá reconocer el problema que tiene y empezar a responsabilizarse de los problemas que ha generado en los miles de personas que en su momento confiaron en sus marcas”.

Los juzgados admiten a trámite las primeras demandas contra Stellantis

Los representantes de los afectados, AFESTEL, aseguran que a finales de enero tendrán lugar las citaciones de manera individualizada para iniciar los procesos de conciliación con el fabricante, a través de los cuales intentar lograr un acuerdo de compensación para las víctimas.   En paralelo, las consecuencias legales de esta negligencia en la ingeniería de los motores Puretech podrían proyectarse al resto de Europa. Precisamente esta noche los afectados franceses deciden en asamblea si van a juicio contra Stellantis. Aunque en España no ha sido traspuesta todavía la normativa europea sobre demandas colectivas, los usuarios españoles afectados y representados por AFESTEL podrían apoyar la reclamación francesa e incluso incorporarse, dado el mayor avance y protección que otorga  el país galo a los consumidores. Debe tenerse presente que ha sido en Francia donde se han fabricado los motores defectuosos.

La desesperación de las familias

Detrás de las correas de distribución rotas, de las innumerables averías, de los motores que finalmente se van para siempre, hay casos dramáticos. Familias que están desesperadas y endeudadas, a la espera de que la multinacional Stellantis ofrezca una solución o, en su defecto, que la justicia actúe. La historia de Marta es un ejemplo de la desesperación que viven muchas familias.  Su coche tiene un motor Puretech y lleva 15 días parado a la espera de que el taller le cambie la correa de distribución. Cada mes pasa por el taller por una avería distinta; el gasto ya supera los 3.000 euros. La compañía, Stellantis, no acepta asumir los gastos a través de la garantía ampliada y ya no tiene más recursos para asumir ella los costes. “Mi coche es la movilidad de mi madre discapacitada, enferma de Parkinson”. Marta está a la espera de que el taller le dé una solución a su problema, pero tiene claro que, si le dicen que debe cambiar el motor, no lo podrá hacer. “No tengo más dinero para averías; si tengo que encadenarme ante el concesionario, lo haré”, afirma esta madrileña desesperada ante una situación que añade no entiende cómo no tiene mayor trascendencia en la opinión pública. “Me ha llamado hoy del concesionario, para decirme que la culpa es mía por no cambiarle la correa en junio y que ahora no se harán cargo de ninguna reparación”.

Los motores del fiasco: Puretech

Recordemos que se trata de un defecto de fabricación de este tipo de motores utilizados en marcas como Opel, Peugeot, Citroën, DS, Jeep y Toyota, que consiste en una degradación paulatina de la correa de distribución, lo que provoca un elevado consumo de aceite, mal funcionamiento de la bomba de vacío y otros graves fallos que derivan en una prematura degradación del motor. Todo ello supone para los propietarios costosas reparaciones, ya que los concesionarios no atienden las reclamaciones amparándose en que los plazos de garantía han vencido o en que las reparaciones no se han llevado a cabo en el propio concesionario de la marca.

¿Qué es AFESTEL?

La Asociación de Afectados Stellantis (AFESTEL) representa a día de hoy a más de 6.000 afectados, dispuestos a llegar a los juzgados para defender su derecho a una indemnización, conscientes de que la única manera de obligar a la compañía a buscar una solución que compense la pérdida económica es actuar de manera colectiva.

Las personas afectadas por este fallo de motor que deseen más información pueden acceder a https://afectadoscorreapsa.com

Autor: DGT
La Dirección General de Tráfico (DGT) es un organismo autónomo dependiente del Ministerio del Interior de España responsable de la ejecución de la política vial. La administración territorial se compone de 50 Jefaturas Provinciales de Tráfico, una por provincia, dos jefaturas locales de Tráfico en Ceuta y Melilla y 14 oficinas locales de Tráfico que realizan la tramitación relativa a la titularidad de los vehículos, conductores y procedimiento sancionador por infracciones de tráfico en el ámbito interurbano. En estas labores cuenta con el apoyo de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Fue creada mediante la ley 47/59, de 30 de julio de 1959, sobre regulación de la competencia en materia de tráfico.

1 idea en “Los juzgados admiten a trámite las primeras demandas contra Stellantis

  1. Parece evidente que la falta de respuesta por parte de Stellantis está generando un perjuicio grave a los afectados, quienes no solo enfrentan altos costos de reparación, sino también una clara incertidumbre jurídica. Ante este panorama, surge una cuestión clave: ¿podrían los afectados españoles sumarse a la demanda colectiva en Francia sin que España haya traspuesto la directiva europea sobre acciones colectivas, o tendrían que iniciar procesos individuales hasta que exista un marco legal más claro?

    Además, si bien Stellantis podría alegar que las garantías han expirado, ¿hasta qué punto el fabricante puede eludir su responsabilidad cuando se trata de un defecto de fabricación sistemático y ampliamente documentado? La situación de Marta, por ejemplo, demuestra cómo esta negligencia puede afectar gravemente la vida cotidiana de los consumidores, lo que podría reforzar la necesidad de medidas cautelares o incluso de una mayor presión regulatoria sobre el fabricante.

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