Autor: ElAntiradar

Diario Progresista publica una entrevista en la que repaso los principales asuntos relativos a la circulación y a la seguridad vial. Les agradezco la oportunidad de poder explicar las demandas de Movimiento140 y reproduzco su contenido aquí.

Cuando un ciudadano sufre el atropello de la autoridad tiene el deber de denunciarlo, y la Justicia, de condenarlo. Hoy jueves se ha celebrado el juicio por la querella criminal interpuesta a un agente de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid por haber denunciado falsamente a un conductor. El afectado me hace llegar su relato para que lo publiquemos, y accedemos gustosos a hacerlo público en nuestro blog:

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se ha mostrado hoy «abierto» a estudiar un incremento del límite de velocidad en autopistas y autovías, actualmente en los 120 kilómetros por hora, aunque ha advertido de que antes habrá que analizar el impacto ambiental que tendría la medida.

La velocidad es progreso. Cuesta entenderlo después de casi ocho años de mensajes de la Dirección General de Tráfico tratando de convencernos, retorciendo la realidad, de la gran perogrullada de «la velocidad mata».

El primer trimestre del año se ha cerrado con un descenso en el número de fallecidos de poco menos del 4,5% respecto al mismo periodo del año anterior, lo que supone 14 víctimas mortales menos. Las cifras en cada uno de los tres meses han discurrido casi parejas a enero, febrero y marzo de 2011, y el seguimiento diario ha mostrado, de manera intermitente, incrementos netos en la mortalidad vial.

¿Cuántos años llevamos pidiendo los conductores que los radares no deberían ser para sacarnos el dinero sino para evitar de modo efectivo los accidentes allí donde se producen más frecuentemente? Hoy, en el acto del IV Aniversario de Ponle Freno, de Antena 3 (que tantas veces ha sido una simple prolongación de la “doctrina perenavarriana”), el gran Carlos Sainz le ha pedido a la directora general de Tráfico, María Seguí, que ponga los radares en los puntos negros y en carreteras secundarias.

Hace 40 años, cuando nuestra red de vías desdobladas era prácticamente nula y la de autopistas testimonial, el límite de velocidad en dichas carreteras era de 130 km/h. Por primera vez, se fijaba un límite de velocidad para vehículos ligeros en vías de alta capacidad. En el Código de la Circulación vigente en 1962 (sirva al menos como anécdota) se establecía, incluso, velocidad libre para automóviles y motocicletas.

Vuelve con fuerza el runrún, que en muy probablemente en los próximos días se transformará en lo que los políticos llaman “debate” y que puede terminar, si nadie lo remedia, con el establecimiento del mal llamado copago (sería más bien “repago”) por el uso de nuestras autovías. Hay alternativas que deberían ser sometidas a análisis, que proponemos en este artículo, y que no sólo mejorarían las raquíticas cuentas de la Administración, sino, y lo que es más importante, redundarán en mejor movilidad, más seguridad vial y, en general, un uso más racional de las infraestructuras.

Una victoria para quienes venimos reclamándolo desde hace tanto tiempo, pero, sobre todo, una victoria del sentido común: tan modernos como somos, tan europeos, y no éramos capaces (o quizás simplemente no existía la volluntad de hacerlo) de saber realmente cuántas personas fallecían en nuestras carreteras. Todo se fiaba a un más que sospechoso «factor multiplicador» para obtener el dato total de fallecidos a 30 días. Hoy, la Directora General de Tráfico, María Seguí, ha anunciado que revisará el sistema de contabilización de víctimas. Quien veía continuidad con Pere Navarro que se vaya frotando los ojos.

Miguel Javaloyes, letrado que dirgió la estrategia jurídica de Dvuelta respecto de la ordenanza municipal sobre multas de tráfico cuya anulación fue confirmada por el Tribunal Supremo la semana pasada, hace un repaso a la intrahistoria del proceso, y analiza, irónico y satisfecho a partes iguales, el contenido de la Sentencia y las reacciones de algunos autodenominados «defensores de los conductores» que se durmieron en los laureles porque «no veían recurrible» un decreto municipal que suponía hasta triplicar el importe de las sanciones. Con «defensores» así nos sobra hasta la DGT…

Muy lejos de la franja de entre 7% y el 15% que, hace ahora un año, el entonces Vicepresidente del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró que supondría de ahorro rebajar el límite de velocidad de 120 a 110 km/h en las autopistas y autovías españolas.