Maria Luisa Cava, defensora del pueblo, se ha dado por enterada de que los conductores españoles piensan que la DGT no cumple con los derechos de los ciudadanos. Bueno, cuidado y no nos equivoquemos, la DGT, Ertzaintza, Mossos, policias municipales….. aqui no respeta los derechos de los ciudadanos ni dios, eso si, el verdadero delincuente tiene todos los derechos y mas. Algo hemos avanzado en este pais porque el anterior defensor del pueblo ni lo vió, ni quiso verlo, ni tenía interés en verlo.
Las quejas que le llegan a la defensora del pueblo son las que imaginareis, y es que la reforma de tráfico para eso precisamente fue llevada a cabo, los conductores se quejan de que «dada la cuantía económica de las sanciones, no les compensa plantear un recurso contencioso-administrativo y muestran su resignación a abonar la sanción, a pesar de su pleno convencimiento de que la Administración ha abusado de su superioridad, conocedora de este hecho». Evidentemente los conductores que se quejan tambien han dejado claro que «sólo en la vía contencioso-administrativa tienen las garantías suficientes para obtener una justa resolución».
Efectivamente asi es, una cuantia no muy grande para que el conductor pague, ya que si va al contencioso para allí poder demostrar la verdad, la verdad de que se ha cometido un atropello de derechos del ciudadano, pues le salga mas caro.
Hay dos formas de pensar que tienen los ciudadanos sobre la DGT, la primera es que «justifica la imposición de duras sanciones que contribuyan a la formación de conciencia ciudadana», y otra «de la mayoría de ciudadanos que percibe las severas sanciones económicas como la consecuencia de la voracidad recaudatoria de la Administración».
Debido a todo esto, la defensora del pueblo ha recomendado que se proceda a ofrecer «toda la información relativa al procedimiento sancionador, admitir las pruebas propuestas que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados, así como resolver los recursos contestando a las alegaciones presentadas y no con una resolución de modelo, válida para cualquier expediente sancionador».
El problema de ofrecer todo esto, es que no interesa a la administración, una administración que solo quiere dinerito fresco y rápido, dinerito fresco y rápido procedente de un pueblo expoliado tanto por impuestos directos como impuestos indirectos, vease la persecución al conductor que con el pretexto de la seguridad vial se acaba convirtiendo en un expolio al pueblo.
Me dirán, un estamento que te declara culpable por artículo 33 ya que «el agente se ratifica en la sanción» y que eres tú el que tienes que demostrar tu inocencia como poco y así de entrada vulnera un papel mojado que no sirve de nada que se llama Constitución.
Así que no digamos «los conductores piensan que…» digamos sin tapujos «la DGT se pasa por el forro el derecho fundamental del ciudadano: La presunción de inocencia».