Los problemas de liquidez de los Ayuntamientos de la Comunitat les han llevado a perseguir con mayor ahínco si cabe los impagos de multas de tráfico o de diversos impuestos, como los de bienes inmuebles. Los consistorios han iniciado una oleada de embargos de cuentas bancarias de vecinos que tienen pendiente el pago, sobre todo, de multas de circulación. Así lo han confirmado a LAS PROVINCIAS numerosos ciudadanos afectados por esta medida, que aún tienen el susto en el cuerpo al recibir en sus domicilios la carta en la que, sin más detalle, el banco les avisa del embargo de sus cuentas.
Las medidas de las Administraciones para hacer efectivo el cobro de multas e impuestos no acaban ahí. Muchos Ayuntamientos solicitan a la Agencia Tributaria que embargue las devoluciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a los ciudadanos con causas económicas pendientes. De hecho, según explicaron fuentes de la Agencia Tributaria, la institución dependiente del Ministerio de Economía tiene convenios firmados con los principales Ayuntamientos españoles, además de con instituciones como la Dirección General de Tráfico (DGT) o AENA.
Estos convenios les permiten recaudar de forma ejecutiva lo que otras Administraciones no han conseguido. Así, los Ayuntamientos informan de los casos en que un individuo ha agotado todos los plazos legales de notificaciones para el abono de multas o impuestos para que la Agencia Tributaria les embargue la devolución del IRPF que, según la cantidad adeudada, envían al organismo gestor de multas correspondiente para que subsane el impago.
Por vía ejecutiva, la Agencia Tributaria ha cobrado deudas en toda España por valor de 3.423 millones de euros, según la Memoria Tributaria correspondiente a 2008, la última que se ha publicado. No obstante, la Memoria de la Administración Tributaria de 2007 ofrece más detalle al respecto. Ese año, la entidad dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda devolvió a diversas entidades 1.154 millones de euros, quedando pendiente para el ejercicio siguiente la gestión de 1.529 millones.
Parte de estas deudas cobradas en nombre de otros entes se hacen en representación de instituciones de comunidades autónomas, en concreto casi un 30% del volumen gestionado el año 2007. Entre ellas destaca Cataluña, Madrid y Comunitat Valenciana. Las Administraciones valencianas solicitaron ese año a la Agencia Tributaria embargos por valor de 112 millones de euros, frente a los 321 de Cataluña y los 140 de Madrid.
Ayuntamientos como el de Valencia están reforzando prácticas como estas para conseguir fondos. Aunque no es una iniciativa nueva, desde el grupo municipal socialista también han constatado el incremento de embargos por el volumen de consultas recibidas.
Práctica efectiva
Desde el Ayuntamiento de Valencia aseguran que los responsables de la empresa municipal de gestión de multas cuentan con que «un alto porcentaje de gente admite los embargos» simplemente porque se asustan, y recomiendan a los ciudadanos que no hagan caso omiso de las multas y que, si no están de acuerdo, recuerdan que todas las compañías aseguradoras incluyen en la póliza el recurso de las multas.
A finales de enero, el consistorio dirigido por Rita Barberá cifró en medio millar los morosos que acumulaba la ciudad en los últimos tres años en lo que respecta a tasas urbanísticas y el impuesto de construcción. Son, sobre todo, comunidades de vecinos, pero también hay empresarios y comerciantes.
Esta herramienta está contemplada en el artículo 169 de la Ley General Tributaria, donde se cita el embargo de cuentas corrientes, salarios, bienes inmuebles, valores de Bolsa y hasta joyas y antigüedades para satisfacer las deudas con la Administración.
Antes de proceder al embargo de cuentas bancarias, el Ayuntamiento realiza dos notificaciones en el domicilio social o fiscal, para luego abrir el proceso de recargos e intereses de demora.
No es la primera actuación en este sentido del consistorio valenciano. En el año 2007, el Ayuntamiento envió más de 46.600 cartas con orden de embargo a los infractores que no habían pagado las multas de tráfico impuestas por la Policía Local. A finales del año anterior, el Consitorio envió otras 40.000 misivas.
Uno de los últimos datos que ha trascendido, correspondiente a los ocho primeros meses de 2009, cifraba en casi 27 millones el montante de las multas impuestas en Valencia. De ellos, en el mismo periodo, sólo se había logrado recaudar 3,3 millones.
La mayoría de Ayuntamientos de la provincia de Alicante, entre ellos los de la capital y Elche, también practican embargos a los morosos.
La crisis hace mella en las arcas públicas. El organismo autónomo de gestión tributaria de la Diputación de Alicante (SUMA) ha detectado que el número de particulares y empresas que han solicitado aplazar o fraccionar el pago de impuestos y tasas se multiplicó por nueve durante 2009.
En la provincia de Valencia, los Ayuntamientos de la comarca de la Ribera también practican embargos de las nóminas de los vecinos, según informa Carmen Cerveró. El Consistorio de Alzira realizó el año pasado 3.800 embargos, 1.000 más que en 2008.
La concejala de Hacienda, Gisela Blasco, aseguró que los impuestos que más se dejan de pagar son los relacionados con los vehículos, como es el caso del impuesto de circulación y las multas de tráfico, así como el de Bienes e Inmuebles de Urbana. Blasco comentó que, para paliar estas deudas, en ocasiones, el Ayuntamiento ha realizado «confiscaciones de vehículos debido al impago de las multas».
Sueca es otro de los Ayuntamientos que se ha visto obligado a embargar las nóminas de algunos de sus vecinos ante el impago de las multas y el impuesto de circulación, ya que todo lo relacionado «con el vehículo se deja de lado, mientras que la contribución la pagan religiosamente», destacó Tere Ribes, concejala de Hacienda en el Ayuntamiento de Sueca.
A pesar de estos impagos, Ribes señaló que la gente «viene a interesarse por poder pagarlo, por lo que facilitamos el pago fraccionándolo».
Los Consistorios también coinciden en que embargos por estos motivos siempre hemos tenido, aunque «han aumentado debido a la crisis económica», añadió Tere Ribes.
Por su parte, Gisela Blasco explicó que en Alzira se han «incrementado los pagos que no se han hecho voluntarios y se hacen por ejecutiva».
Desde el Ayuntamiento de Algemesí confirmaron que se están realizando estas operaciones como el último recurso que tiene el Consistorio para hacer frente a los impagos.
Fuente: Las Provincias
