De todo tiene que haber, y, también en esto, como en botica, de todo hay. Los Agentes de Movilidad (conocidos popularmente en Madrid como “gorrillas”, por su atuendo diferenciado con la Policía Municipal), son en muchas ocasiones, quizás por el papel que les toca representar en la cosa circulatoria, objeto de la antipatía de los ciudadanos, aunque es bien cierto que cuesta encontrarse con el “amable” del turno.
Entra dentro de la lógica que a nadie le gusta que le multen, pero menos aún que un “gorrilla” se invente una multa. Y estas cosas van sucediendo día sí, día también, hasta que alguno se topa con la horma de su zapato. Es el caso del agente de movilidad Pablo J. O., imputado por un delito de falsedad en documento público, y que se enfrenta, ante el Tribunal que lo juzgará el próximo día 28, a cuatro años y medio de cárcel.
El Agente de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid Pablo J.O. será juzgado el próximo 28 de junio en la Audiencia Provincial de Madrid por la comisión de un delito de falsedad en documento público cometido por funcionario.
Los hechos se remontan al mes de enero de 2009, cuando el agente de movilidad confeccionó un boletín de denuncia por estacionamiento prohibido en una céntrica calle madrileña, haciendo constar en el mismo que el conductor se hallaba ausente en el momento de la infracción, faltando a la verdad en dicho relato contenido en el mencionado boletín de denuncia, según el conductor sancionado.
El conductor, asesorado y defendido por la empresa de defensa de los conductores Dvuelta, presentó al día siguiente una querella criminal ante los Juzgados de Instrucción de Madrid denunciando que lo relatado por el agente de movilidad era falso, ya que el propio conductor mantuvo una conversación dentro del vehículo con el agente de movilidad ahora imputado. Al menos eso dijo el querellante. ¿Qué dijo el querellado?
Pues no supo muy bien qué decir: Las contradicciones en que incurrió durante su declaración ante el juez (para quien la presunción de veracidad es una cosa bien distinta a la discrecionalidad prevaricadora del funcionario) han determinado que se abra juicio oral, en el que se le acusa de un delito continuado de falsedad en documento público, y se le reclama, además, el importe de la multa de 300 euros más los gastos que el querellante ha tenido que pagar para recurrir la sanción en vía contencioso administrativa.
