El Impuesto a las Transacciones Financieras, que busca la asunción por el sector financiero de los costes incurridos en su salvamento, es una zancadilla a la especulación y un termómetro de la voluntad gubernamental.
Vivimos en un mundo globalizado donde la especulación financiera erosiona la economía real mientras los Gobiernos muestran una escasa preocupación por acabar con la corrupción que significa la existencia consentida de los paraísos fiscales, a pesar de múltiples declaraciones retóricas hechas al comienzo de la crisis de que había que suprimirlos y que combatir la evasión fiscal.
Para frenar la especulación y reducir, al menos, la utilización de los centros offshore es necesario aplicar con urgencia mecanismos correctores, mientras se construyen las alianzas internacionales que vayan posibilitando su erradicación. Una de las alternativas que la sociedad civil ha propulsado, para reforzar la equidad fiscal, constreñir la actividad especulativa y repercutir, en la crisis actual, al menos parte de los costes de salvamento del sector financiero, ha sido la implantación de un Impuesto sobre las Transacciones Financieras (ITF) de amplia base impositiva. Recientemente, desde la Comisión Europea se ha propuesto un ITF para Europa, restringida a ciertos productos financieros y con un determinado abanico de tipos, que supondría recaudar 35.000 millones de euros anuales. Un impuesto que, si se implantase, mitigaría la evasión fiscal y estabilizaría los mercados financieros, y cuya recaudación podría destinarse, entre otros destinos, a desarrollar programas de empleo, de cooperación internacional y a la lucha contra el cambio climático. Con esos 35.000 millones de euros anuales se podría compensar parcialmente los enormes daños causados a la sociedad por la industria financiera, principal responsable de la crisis.
Un acuerdo que se incumple
En enero de 2013, superando los escasos avances en la construcción europea y en la necesaria armonización fiscal, se firmó un acuerdo entre 11 gobiernos de la Unión Europea, entre ellos el Estado español, para la implantación de este impuesto por medio de la cooperación reforzada.
Mientras se elabora una legislación consensuada entre los 11 países firmantes, este impuesto ya se ha implantado provisionalmente en Francia e Italia. Al mismo tiempo se han generado figuras fiscales en distintos países de la Unión Europea que gravan los depósitos y/o pasivos bancarios.
En nuestro país, hasta que no haya una ley que regule el impuesto, no cabe la posibilidad de que sus potenciales ingresos sean registrados en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2014, perdiendo la oportunidad de mejorar la recaudación fiscal haciendo que las finanzas contribuyan a reducir la brecha entre ingresos y gastos públicos. Pero nuestras autoridades, por la forma en la que están actuando, de forma remisa, sin tomar iniciativas y esperando que otros realicen propuestas, parece que están a la contra y sin voluntad de legislar impositivamente al sector financiero. Incluso ha habido declaraciones de los ministros Montoro y De Guindos amenazando con vetar la propuesta del ITF en los organismos europeos si no se reducen los tipos a aplicar y la base del impuesto, lo que supondría desnaturalizar totalmente la propuesta original de la CE. La razón esgrimida es el gran daño que este impuesto ocasionaría a la industria financiera.
Los lobbies financieros no quieren el ITF
Esta inacción legislativa se produce en plena ofensiva por parte de los lobbies financieros contra el ITF. Es la manifestación de un sector financiero que con argumentaciones interesadas sin apenas base se resiste a tener que pagar impuestos por su actividad (no se aplica ningún IVA sobre las transacciones que realizan), pese a ser la que causó la profunda crisis en la estamos sumidos desde hace cinco años. En España, la tributación media del sector financiero en los años previos a la crisis no superó el 15%, por debajo de la tributación que soporta una renta media de una familia española.
Ante esta situación, la organizaciones integrantes de la Campaña ITF ya, contra los paraísos fiscales, exigimos a los 11 Gobiernos que se han comprometido a aplicar este necesario impuesto, y específicamente al Gobierno español, que se mantengan firmes en su decisión frente a las maniobras del lobby financiero y atiendan, en su lugar, las reivindicaciones de una ciudadanía que demanda un ITF con una amplia base imponible, que permita diferenciar las prácticas de intermediación financiera de las ligadas a la actividad especulativa, reduciendo estas y la inestabilidad en el sector financiero y recaudar miles de millones de euros en ingresos que deben permitir ayudar a las personas más afectadas por la crisis económica.
Para conseguir que el posicionamiento del Gobierno español a favor del ITF refleje una auténtica voluntad política y presupuestaria, exigimos que el acuerdo de aplicación en España del Impuesto de Transacciones Financieras (ITF) tenga reflejo en los PGE 2014, emplazando al Gobierno a que presente cuanto antes el proyecto de ley que regule el mismo.
Las organizaciones integrantes de la Campaña ITF ya, contra los paraísos fiscales, seguiremos denunciando y llamando a la movilización a la ciudadanía española, mayoritariamente a favor del impuesto, si se produce una nueva dejación de responsabilidades del Gobierno español en esta decisiva materia para el futuro de la ciudadanía.
Si da igual, eso lo acabaremos pagando nosotros en comisiones, impuestos, tasas… ¿es que aún no os habéis dado cuenta que ellos ganan y cuando pierden lo pagamos nosotros?