Una reciente sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha dado la razón al recurso planteado por una asociación de autoescuelas y ha anulado el acuerdo de licitación del “Contrato de Concesión de gestión de cursos de sensibilización y reeducación vial para la recuperación de crédito de permiso de conducción” que la DGT realizó en 2014, al considerar que “la previsión legal de someter solo al régimen de concesión la gestión de los cursos de reeducación y sensibilización que se llevó acabo por la Orden del Ministerio del Interior INT/2596/2005, es directamente contraria al Derecho de la Unión”.
Como se recordará, desdela entrada en vigor del per-miso por puntos en julio de 2006, la DGT ha otorgado en exclusiva la realización de estos cursos a la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE). Sin embargo, este sistema de gestión ha sido duramente criticado por Automovilistas Europeos Asociados(AEA) y por algunas asociaciones de autoescuelas, entre ellas AUDICA, al considerar que el modelo utilizado por la DGT restringía la competencia y afectaba negativamente a los derechos de los consumidores.
La concesión a una sola empresa restringe la competencia
En la sentencia se indicaque “el vicio anticompetitivo viene determinado, esencialmente de origen, por la forma de gestión indirecta elegida. La Ley 17/2005 dio una nueva redacción al artículo 5 p) del Real Decreto Legislativo 339/1980, donde se regulan las competencias atribuidas al Ministerio del Interior, en torno al modo en que se podía llevar a cabo la gestión de estos cursos, y contempló como única posibilidad el de la concesión administrativa”.
“Debemos tener presente-continúa la sentencia- quela concesión administrati-va a una sola empresaconstituye una situaciónde hecho y derecho que restringe la competencia”.
Por ese motivo se anula el acuerdo de licitación llevado a cabo por la Orden del Ministerio del Interior INT/2596/2005, de 28 de julio, por la que se regulan los cursos de sensibilización y reeducación vial para los titulares de un permiso o licencia de conducción. Contra esta resolución judicial cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo. La DGT ya ha anunciado que lo va a interponer
