En la mañana del jueves 27 de septiembre de 2018, LSB-USO Euskadi con la MERP exige en el Parlamento Vasco el Blindaje de las Pensiones, porque deben catalogarse como “un derecho fundamental” a garantizar.
La Secretaría General de esta Organización sindical, MariBel Muñoz y el Presidente de los Jubilados y Pensionistas de LSB-USO Euskadi, Rafa Saiz, han participado hoy en las reuniones mantenidas con todos los Grupos Políticos en el Parlamento Vasco:
*Jon Aiartza Zallo, Miren Josune Gorospe Elezkano e Irune Berasaluze Lazcano, del grupo parlamentario del PNV
*Jon Hernandez Hidalgo, del grupo parlamentario Elkarrekin-Podemos
*Jose Antonio Pastor Garrido, del grupo parlamentario PSOE
*Leire Pinedo Bustamente y Nerea Kortakjarena Ibañez del grupo parlamentario EH-Bildu
*Antonio Damborenea Basterrechea, del grupo del PP
Desde LSB-USO llevamos desde el inicio de la MERP trabajando por el blindaje de las pensiones, que en palabras de la Secretaría General se trata de garantizar el derecho findamental de las pensiones, exigiendo la prohibición expresa de que cualquier gobierno, actual o futuro, pueda tocar, recortar o privatizar el sistema público de pensiones. Para ello, llevamos conseguidas mas de un millón y medio de firmas y vamos a por los dos millones. Aún así, es necesaria la implicación de las fuerzas políticas. De ahí, las reuniones mantenidas hoy con los representantes arriba mencionados, con el objetivo de concienciar e implicarles en el mantenimiento de este derecho.
Tras el acuerdo alcanzado en el Pacto de Toledo para revalorizar las pensiones según el IPC, desde LSB-USO exigimos al Gobierno que las pensiones se blinden en la Constitución
Desde nuestra Organización Sindical, como miembro de la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones, nos mostramos esperanzados pero con cautela ante el principio de acuerdo alcanzado en el Pacto de Toledo para la revalorización anual de las pensiones según el IPC real.
MariBel Muñoz, Secretaría General de LSB-USO Euskadi, ha reconocido la importancia de este avance, “pero ahora es el momento de poner encima de la mesa una solución estructural que blinde en la Constitución nuestro sistema público de pensiones. No nos sirve con acuerdos puntuales, las pensiones públicas deben de ser recogidas como un derecho fundamental”.
El acuerdo alcanzado en el Pacto de Toledo afecta a una de las 22 recomendaciones que están siendo discutidas en su seno, formulada de forma genérica, y corresponde al gobierno concretarla y ejecutarla.
La MERP defiende “una solución estructural, permanente, que no permita que la sostenibilidad del sistema público de pensiones pueda estar en cuestión periódicamente, ni dependa de consensos coyunturales, ni de las políticas de cada gobierno”.
