El Dto. de Seguridad Vial de la AMM pone en cuestión la eficacia de la anunciada reducción de la velocidad genérica de las carreteras de calzada única a 90 km/h por parte de la DGT y propone una serie de medidas para bajar la siniestralidad de la red secundaria (1).
Mientras en países como el Reino Unido u Holanda suben su velocidad genérica por considerar que es más seguro, o en países como Alemania donde no existe velocidad máxima genérica tienen una siniestralidad medida en número de fallecidos por millón de vehículos casi un 30 % inferior a España, el Gobierno de España se empeña en atacar la siniestralidad por la vía de bajar la velocidad, más propia de principios del siglo pasado que del siglo XXI.
Esta medida además se adopta en un momento en que uno de los factores históricamente probados como esencial para reducir la siniestralidad, la inversión en mejora y conservación de carreteras, se ha reducido a límites insostenibles para nuestra red de carreteras.
Parece clara la política del Gobierno, tomar medidas que aunque sean ineficaces son baratas o incluso rentables económicamente para la Administración, menor velocidad significa 0 coste de inversión y más recaudación vía multas.
Sin embargo realizar una política adecuada, como invertir en implementar medidas de seguridad activa y pasiva eficaces y conocidas desde hace decenios, como mejorar la calidad del asfalto o diseñar las carreteras con márgenes libres de obstáculos y con escapatorias en las curvas para el caso de salida de vía, tendría un coste y además permitiría incluso incrementar los límites genéricos y específicos de velocidad mejorando la seguridad pues incluso se podrían reducir los accidentes por distracción, primera causa de accidente hoy día, muy por encima del exceso de velocidad.
Este tipo de medidas obviamente supondría un coste de inversión y una minoración de la recaudación por sanciones de tráfico.
Mientras tanto, nuestra red de carreteras, tras la descomunal inversión que ha costado a los españoles y al resto de Europa, pues no olvidemos que gran parte de la red ha sido financiada y se ha podido construir gracias a las ayudas europeas, se deteriora día a día por la desidia y la ineficacia de la Administración a la hora de gestionar adecuadamente los recursos necesarios para la conservación.
La situación es tan grave que se debería exigir responsabilidad penal y patrimonial personal a los políticos y altos cargos que adoptan las decisiones de reducir los presupuestos en conservación.
No olvidemos que según el estudio realizado por la Asociación Española de la Carretera (AEC) y publicado en el documento «La Crisis de la Política de Carreteras en España», por cada 1 € que no se invierte en conservación ordinaria de carreteras, posteriormente costará 5 € en conservación extraordinaria (refuerzos de firmes, etc.) y finalmente nos costará de nuevo a los Españoles 25 € en reconstrucción futura. Es decir que lo barato y lo seguro es invertir lo necesario en el momento adecuado.
El problema es que en nuestro país impera el cortoplacismo político y la política de «la foto y el corte de cinta». A la Administración de hoy importa poco que dentro de 8 años cueste reconstruir una carretera 25 veces más que si se hubiera invertido lo correcto en su momento pues el gobierno que tendrá que reconstruirla no es el que la deja morir.
Para hacernos una idea de la gravedad de la situación actual, en 2010 el conjunto de la red de carreteras del país acumulaba un déficit de inversión en conservación de 7.250 millones de euros (datos AEC).
Cuando la inversión anual adecuada en conservación debe suponer al menos el 2% del valor de la infraestructura, en España el Ministerio de Fomento invirtió en 2010 tan solo el 1’65%; las CCAA solo la mitad de lo necesario, el 1’01 %; y las Diputaciones Provinciales el 1’12%.
En 2010, según datos de la AEC, la partida destinada a conservación general se ha reducido en un 50% respecto a lo presupuestado.
Partiendo de esta situación, no debemos olvidar los accidentes de tráfico que la carretera mal conservada no evitará o incluso provocará, de ahí la responsabilidad penal que debemos exigir a los responsables públicos por su negligencia ya sea por acción o por omisión.
Mientras el Gobierno deja que nuestras carreteras se pierdan, éste solo piensa en bajar la velocidad para reducir los accidentes, en el tercer mundo lo harían mejor.
(1) – Las medidas propuestas están incluidas en un informe técnico que se publicará en breve.
Asociación Mutua Motera
Solo una reflexión… despierta de Matrix y analiza, no solo a la DGT sino a todo… ¿Quién es el culpable de la situación actual? la deducción siembre lleva al mismo sitio… EL POLITICO.