Si hay menos muertos desde que hemos vuelto a los 120, ¿será que el 120 “salva vidas”?

La siniestralidad vial tiene muchos componentes, factores y circunstancias que, en concurrencia o por separado, y casi siempre de manera ajena a las decisiones de las autoridades de turno, hacen que los muertos en carretera suban o bajen.

Aquí, en España, estamos acostumbrados a que, cuando descienden, se deba al acierto de la DGT y de sus medidas represoras; y a que, cuando suben, sea culpa de la imprudencia, impericia e incluso actitud delictiva de los conductores. Eso si, el “mantra” es siempre, para bien o para mal, la velocidad, que de esta manera mucha gente acoge el fastidio de la multa como un lavado de conciencia vial. De velocidad, en efecto, va la cosa.

Pues si. Resulta que como la DGT proporciona una información tan parcial de lo que realmente sucede con los accidentes, el sesgo es inevitable. Nos dicen que el exceso de velocidad está detrás del 30% de los accidentes con víctimas, cuando es menos del 2%. Que la velocidad sigue siendo la “asignatura pendiente” de los conductores españoles (yo diría que la de los gobernantes es la formación vial, desde los pupitres de la escuela), cuando las velocidades medias no hacen sino descender año tras año. No nos dicen, por supuesto, ni los desplazamientos ni los ratios de muertos/heridos por vehículo y kilómetro recorrido, porque eso provocaría que la recua de dirigentes de la DGT (políticos algunos, funcionarios complacientemente apalancados que no están dispuestos a renunciar a la bicoca, la mayoría de ellos) tuvieran que marcharse a su casa tras severo escarnio público.

Lo último de todo esto ha sido la gañanada navarril de pedir que se reduzca a 90 por hora la velocidad en las vías donde la velocidad no se controla, y que, bien lo sabe, no podrá salir adelante por imposibilidad legislativa; pero, tras reconocer en El País no saber qué más puede hacer para reducir la siniestralidad, algo tenía que decir. Porque sepa o no sepa administrar la cosa circulatoria, lo que lo que no sabe es tener la boca cerrada.

Más sonada fue, sin embargo, la rapidez con que los Navarro Boys se tiraron a la piscina nada más volver el límite a 120 por hora después de la astracanada de la reducción a 110 por cuestiones de ahorro energético. No habían pasado diez días a 120 cuando, a la vista de las cifras de muertos (que, por cierto, fueron convenientemente afeitadas en junio), superiores a las del mismo mes del año anterior, se lanzaron como pirañas a culpar al 120 de tal aumento de los fallecidos en carretera, con el oportuno y siempre a mano concurso de los corifeos de las asociaciones de víctimas.

Es lo que tiene establecer relaciones causa-efecto tan simplonas y fácilmente explicables a una opinión pública aborregada en la que un día le ponen por la tele un choque frontal cuya causa fue, por supuesto, el exceso de velocidad, y otro, el testimonio lloroso de un familiar (cuyo dolor respeto por encima de todo, pero respetando también el hecho de que el dolor no da la razón a nadie) de un fallecido en carretera; que se accidentó, claro está, porque otro iba demasiado deprisa. 450.000 euros en subvenciones, detraídos de la partida de educación vial escolar, tienen la culpa.

Ahora resulta que empieza agosto y todos a rasgarse las vestiduras: operaciones especiales de tráfico, tropecientos millones de desplazamientos, previsión de atascos… la letanía de siempre. Y ¡oh milagro!, en lo que llevamos de este mes tan crítico tenemos un 30% menos de muertos que en el mismo periodo del año anterior: 43 contra 62, y contra los 64 de la primera decena de julio. Y, puestos a establecer relaciones causa-efecto, también se podría achacar a haber vuelto a los 120, ¿o no?

Pues no, no se puede. El único factor determinante a igualdad de los demás es el número de vehículos en las carreteras, y todos hemos podido comprobar, en carne propia o por los propios comunicados de la DGT, que no ha habido atascos especialmente reseñables.

Estamos ya un poco cansados de la cantinela de la velocidad. En unos meses un nuevo Gobierno tendrá que tomar las riendas de una DGT en la que, como bien dijo Pere Navarro “no sabe qué más hacer”; “hacer”, claro está, en el sentido de la represión. Todas las fórmulas represivas están agotadas, a menos que empiecen a prohibir conducir. O a menos que, de verdad, se implante una verdadera política de seguridad vial en la que la movilidad sea una garantía, la formación vial una obligación, y unas carreteras decentes, un derecho. Que tome nota el PP, si llega a ponerse al frente de este desastre.