La Ley que ha entrado hoy en vigor, que fija las cuantías de las tasas en los diversos tipos de procedimientos judiciales en que puedan verse inmersos los ciudadanos tendrá un reflejo económico inmediato en todos aquellos procedimientos en que la Administración sea demandada, principalmente en los de baja cuantía; y no sólo por el ingreso que suponga la
aplicación de las tasas judiciales que mañana entrarán en vigor (por las que el Estado prevé ingresar 300 millones de euros al año), sino por las demandas que la Administración dejará de recibir por parte de los ciudadanos, disuadidos por el elevado importe de las tasas.
Sólo Dvuelta, entidad dedicada la defensa de los conductores, interpone anualmente demandas contencioso-administrativas por valor de 10 millones de euros; a partir de ahora, con una tasa para el demandante de 200 euros para un procedimiento abreviado por el que se reclama el importe de una multa de tráfico – en muchas ocasiones de igual o menor importe–, serán muchísimas las personas que decidan renunciar a defender sus derechos en vía judicial al ver suspendida la finalidad de su acción.
De este modo, el principal moroso que hay en España, que no es otro que el propio conjunto de las Administraciones Públicas, se ha dotado de un instrumento legislativo en el que, como juez y parte, se otorga a sí mismo de la capacidad (por la vía de la disuasión) de no pagar lo que, en justicia, debe.
Los recursos de multas están exentos de tasas Con todo, Dvuelta recalca que los recursos de multas en vía ordinaria (no judicial), que representan el 90% de los expedientes por sanciones que se tramitan, se encuentran exentos de las tasas judiciales, ya que su resolución no corresponde a ninguna instancia judicial.
En los próximos días, Dvuelta, a través del conducto legal pertinente, pedirá a la oficina del Defensor del Pueblo a que inste la inconstitucionalidad la Ley 10/2012, de 20 noviembre por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia, sumándose a las acciones que en este sentido emprenderán asociaciones de jueces, abogados y fiscales.
– Sólo Dvuelta acude a los Tribunales cada año para reclamar por importe de más de 10 millones de euros en concepto de multas de tráfico, una décima parte de lo que se recurre en vía administrativa.
– Dvuelta pedirá a la Defensora del Pueblo que inste la inconstitucionalidad de la Ley de Tasas Judiciales.
– Recurrir las multas en vía administrativa no está sujeto a la aplicación de las tasas.
