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La Audiencia Nacional estima el recurso de DVuelta y plantea la cuestión de inconstitucionalidad sobre la ley te tasas judiciales. “La Ley es un atentado sin precedentes contra los pilares básicos del Estado de Derecho”, según Dvuelta.

El pasado 22 de noviembre entró en vigor la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Dvuelta, entidad dedicada a la defensa de los conductores, presentó el pasado día 4 de diciembre, en la Oficina del Defensor del Pueblo, un escrito por el que promueve Recurso de Inconstitucionalidad contra la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, también conocida como “Ley de Tasas” o “tasazo”.

La Ley que ha entrado hoy en vigor, que fija las cuantías de las tasas en los diversos tipos de procedimientos judiciales en que puedan verse inmersos los ciudadanos tendrá un reflejo económico inmediato en todos aquellos procedimientos en que la Administración sea demandada, principalmente en los de baja cuantía; y no sólo por el ingreso que suponga la aplicación de las tasas judiciales que mañana entrarán en vigor (por las que el Estado prevé ingresar 300 millones de euros al año), sino por las demandas que la Administración dejará de recibir por parte de los ciudadanos, disuadidos por el elevado importe de las tasas.