Numerosos académicos de universidades, ONG y sindicatos europeos han firmado una carta en la que hacen un llamamiento a la UE para que cambie de rumbo en su política fiscal. Reclaman, de este modo, que se pueda llevar a cabo una recuperación basada en las personas. La carta, firmada también por el secretario general de USO, Joaquín Pérez, está dirigida a los líderes de la UE con el fin de no volver a los planteamientos fiscales anteriores a la crisis que supusieron numerosos recortes en derechos sociales y laborales.
Desde USO nos sumamos a esta campaña para lograr un nuevo marco fiscal que posibilite una recuperación basada en el desarrollo sostenible y que apueste por el bienestar de las clases trabajadoras. Para lograr un cambio de rumbo real en la fiscalidad europea necesitamos perseguir de manera efectiva el fraude de los paraísos fiscales en el seno de la UE, donde tiene lugar más de un tercio de la evasión fiscal en el mundo.
El actual marco fiscal imposibilita la recuperación
Afortunadamente, la respuesta que se está dando por el momento a esta crisis por parte de la UE está siendo significativamente mejor que la anterior. La magnitud de la crisis del covid-19 obligó a suspender temporalmente las medidas fiscales. Es decir, los límites arbitrarios de la deuda y el endeudamiento público.
Para proteger a la economía europea y a los ciudadanos, la Comisión Europea consideró necesario flexibilizar temporalmente la política fiscal. Así se facilitaba la posibilidad de endeudamiento por parte de los Estados para poner en marcha medidas de emergencia que atajaran, en cierto modo, las urgencias sociales derivadas de la crisis sanitaria. A esto se añadió un fondo de recuperación -NextGenerationEU- y un Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que incluyera la elaboración de planes de recuperación nacionales para afrontar los desequilibrios entre países, y mejorar la convergencia social y económica.
Sin embargo, las condiciones que justificaron la adopción de estas medidas temporales siguen vigentes y lo serán mucho tiempo después de que la crisis sanitaria termine. La Comisión Europea ha puesto en marcha la revisión de su gobernanza económica y analizará el principal marco fiscal de la UE: el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y la posterior legislación fiscal.
Actualmente, el marco fiscal prioriza la reducción de la deuda y los presupuestos equilibrados por encima de resultados humanos, económicos y medioambientales. Esto es la creación de empleos verdes de calidad; la reducción de la desigualdad o acabar con las tasas de pobreza. Por ello es vital que no se vuelva a aplicar el antiguo marco fiscal antes de que se acuerde una nueva gobernanza económica y unos principios flexibles para coordinar la política fiscal dentro de la UE. El rejuvenecimiento y restablecimiento de la política fiscal como herramienta principal de gestión macroeconómica merece un debate abierto y público, que cuente con la voz del sindicalismo europeo.
Una política fiscal posibilitadora
La crisis sanitaria no ha hecho más que empeorar la recesión en la que estaban sumidos los hogares desde 2008. Los recortes en servicios públicos, la precarización del empleo y el aumento de la pobreza y la desigualdad tuvieron lugar bajo un marco fiscal que penalizó a los ciudadanos.
Para afrontar esta situación es necesaria una economía resiliente basada en la transición verde y digital, que funcione para las personas y logre la descarbonización en el plazo de una sola generación. Para ello debe contar con inversiones masivas y bien diseñadas a largo plazo.
Por ese motivo, como se apunta en la carta, debe llevarse a cabo una reforma del actual marco fiscal, que debe contar con una serie de principios:
- La habilitación e incentivación fiscal de los Estados miembros para alcanzar con flexibilidad los objetivos de pleno empleo, con trabajos decentes y una transición ecológica socialmente justa; asegurándose de que nadie se quede atrás.
- El establecimiento de un presupuesto comunitario y una capacidad de endeudamiento considerables y permanentes de la UE para promover la inversión que apoye el Green Deal y una transición socialmente justa.
- Que se posibilite la interacción coordinada de la política fiscal y monetaria. Esto permitiría a los Estados miembros aprovechar al máximo el potencial fiscal que les ofrece la política monetaria.
