El abuso en el número de denuncias, la codicia en el incremento de los importes y el des-precio a la Ley en la tramitación por parte de los órganos sancionadores sugieren que esto no va de seguridad, sino de euros, y que recurrir es una manifestación de reprobación ciudadana hacia el conjunto de la Administración.
Todo dinero es poco para un Estado que se traga todo lo que puede y parte de lo que no puede, alimentando a su vez el déficit del con-junto de las Administraciones Públicas. Sin entrar después en si el uso que se hace de lo recaudado es el idóneo, o acaso simplemente el correcto, los sucesivos Gobiernos de España se sienten en la obligación de diversificar las fuentes de ingresos más allá de los impuestos directos e indirectos, que no son moco de pavo: cotizaciones sociales, tasas, impuestos especiales, etcétera. Y las multas de circulación llevan mucho tiempo en ese epígrafe recaudatorio. Sancionador no, recaudatorio sí. Solo la DGT recauda unos 450 millones de euros anuales en multas; pero ojo, que no es el organismo más voraz. El Ayuntamiento de Madrid casi llega a la mitad de esa cifra cada año. Solo en el municipio y básicamente en multas de aparcamiento; por nuestra seguridad, se supone.
El conductor afronta el IVA de la compra del coche; el impuesto de matriculación; el impuesto municipal de circulación; el IVA del combustible; los impuestos especiales del combustible (hasta conseguir que más de dos terceras partes del precio del litro sean impuestos, que esa bomba ciudadana estallará antes o después); y, por supuesto, el impuesto del seguro, el IVA de los mantenimientos, di-versas tasas por reciclaje de componentes (aceite usado o neumáticos), etcétera.
Conducir es un hecho impositivo muy rentable para el Gobierno. Con ese panorama, Pere Navarro, y los alcaldes de ciudades y pueblos grandes, medianos, pequeños y minúsculos, deben de pensar que total, unos pocos euros más aún se le pueden sacar al ciudadano. Ninguno se priva de poner zonas azules, algún que otro radar y policías municipales que antes se ocupan de poner multas que de atender las necesidades de los vecinos. Pare-ce evidente que en este minuto del partido nadie cree que las multas tengan un efecto corrector. No puede discutirse que la represión tiene que ser un elemento de la política de seguridad vial, pero nunca el único elemento, como nos sucede aquí, que somos tan de copiar todo lo que viene de fuera siempre que suponga fastidiar al ciudadano y descargar la responsabilidad de la Administración. Así que, visto lo visto, recurrir las multas es de las pocas maneras que tenemos para defendernos mientras ejercemos nuestros derechos como conductores. Derechos funda-mentales en la mayoría de los casos: por eso los jueces dan la razón al conductor en la in-mensa mayoría de los casos en que las multas llegan a un procedimiento contencioso administrativo; incluso con sonadas condenas en costas a Dirección General de Tráfico (DGT) y Ayuntamientos. Pero, a través del derecho a recurrir, nos defendemos también como ciudadanos. Lo vemos todos los días.
Los recursos de multas son enmiendas a la totalidad de una población exangüe a una Administración insaciable. Un deber cívico que nos hace sentir menos diminutos frente a un Leviatán (la Administración) capaz de devorar hasta al propio Estado.
Fuente: DVuelta
