La Comisión Europea ha considerado que el impuesto sobre los carburantes llamado “céntimo sanitario” y aplicado por varias comunidades autónomas españolas no respeta la normativa europea, por lo que ha exigido a España que lo modifique. La solicitud adopta la forma de un dictamen motivado, segunda fase de un procedimiento de infracción. Si en el plazo de dos meses las autoridades españolas no se ajustan a las exigencias de Bruselas, el Ejecutivo comunitario podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TUE).
Según la Comisión, los impuestos especiales sobre los hidrocarburos están armonizados a nivel comunitario y los aplican todos los Estados miembros.
No obstante, una directiva de 1992 prevé la posibilidad de que los productos ya sujetos a impuestos especiales armonizados, como los carburantes, estén gravados además por otros impuestos indirectos
de finalidad específica en determinadas condiciones definidas.
Pero el Ejecutivo comunitario ha llegado a la conclusión de que el “céntimo sanitario” no cumple las condiciones que exige la legislación comunitaria. Bruselas considera que el objetivo principal del impuesto que es “fortalecer la autonomía de las regiones proporcionándoles los medios para generar ingresos fiscales”, no se ajusta a la obligatoriedad de tener una “finalidad específica” tal como la ha definido el Tribunal de Justicia de la UE.
Otro motivo de incumplimiento es que el devengo del impuesto no se ajusta al del impuesto especial armonizado, puesto que no tiene lugar en el momento en que los productos dejan el último depósito
fiscal sino en una fase posterior, cuando los productos en cuestión se venden al comprador en la gasolinera.
El centimo sanitario
Es un impuesto aplicado por las Comunidades Autónomas que grava los carburantes con el fin de contribuir a financiar sus sistemas sanitarios. Cada Comunidad establece libremente una parte variable de la cuantía del impuesto que está comprendido entre 1 y 2,4 céntimos por litro de carburante.
Comunidades autónomas
Hasta el momento sólo seis comunidades lo aplican: Madrid, Galicia, Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla La Mancha y Asturias.
Recaudación
Durante el año 2007, las comunidades que aplican este impuesto recaudaron más de 400 millones de euros entre las seis.