La velocidad como excusa para recaudar

Si bien los resultados avalan algunas de las iniciativas de la Dirección General de Tráfico para mejorar la seguridad vial, su decisión de instalar más radares parece más orientada a recaudar fondos para Hacienda que a evitar accidentes. Si la verdadera prioridad de los radares fuera reducir el número de accidentes su distribución sería muy distinta a la actual. En España hay registrados 157 tramos donde existe un alto riesgo para los conductores. Pues bien, de los 505 radares que hay instalados, sólo 41 de ellos están en esos puntos negros. Es decir, la DGT podría cubrir todos y cada uno de los tramos más peligrosos y aún le sobrarían otros 348 para ubicarlos donde quisiera. ¿Por qué no lo hace?.

Tal distribución de los controles es aún más incomprensible si se tiene en cuenta que se ha comprobado sobre el terreno que los radares funcionan como elemento disuasorio de los excesos de velocidad. El ejemplo más claro es el de un punto ubicado en la N-332, en Benidorm, que encabezaba la lista de accidentes del país hasta que a principios de año se puso un control de velocidad. Desde entonces no ha vuelto a haber un solo percance. En cambio, la M-119, la comarcal que une las provincias de Madrid y Guadalajara, no tiene un solo radar pese a que se ha convertido en una de las carreteras con mayor siniestralidad de la red.

Hay más datos que revelan el afán recaudatorio de la DGT. Aunque el 80% de los accidentes se producen en la red secundaria, la inmensa mayoría de los radares no sólo se ha instalado en autovías y autopistas, sino en tramos donde nunca se producen. Estas vías son muchísimo más seguras y en ellas, lógicamente, se dan las condiciones para ir más rápido. Pero además, la velocidad sólo es el factor determinante del 12,8% de los siniestros y de una sexta parte de los fallecidos. ¿Por qué concentrar los esfuerzos entonces en controlar exclusivamente la velocidad cuando el 87% de los accidentes y la gran mayoría de las muertes en carretera responden a otras causas? La rentabilidad económica ofrece, de nuevo, la respuesta.

La inversión que supuso instalar los radares fue de unos 33 millones de euros. Pues bien, se calcula que éstos han recaudado hasta 171 millones en su primer año y medio de funcionamiento. Es decir, son una máquina de hacer dinero. Además, la DGT completa los radares fijos con móviles. Esta misma semana ha sacado a las carreteras 264 de estos radares para supervisar los desplazamientos en unos días clave de las vacaciones. Tráfico está ahora experimentando con radares que miden la velocidad media de los automóviles a lo largo de un tramo determinado, por lo que serán más eficaces a la hora de controlar los vehículos. No bastará, pues, que el conductor frene cuando vea las cámaras para volver a acelerar poco después, ya que los nuevos aparatos calculan la velocidad en trayectos de varios kilómetros. La intención de la DGT es que los primeros radares de este tipo se instalen antes de acabar el año.

Varias asociaciones de conductores han criticado, con razón, que se esté simplificando el problema de la velocidad y han pedido que no se persiga su exceso automáticamente. Advierten que la velocidad es peligrosa cuando es inadecuada, algo que hay que valorar en función de las condiciones de la vía y de otras variables.

La DGT ha tenido indudables aciertos en su lucha contra la siniestralidad. El carné por puntos, por ejemplo, acaba de celebrar sus tres primeros años salvando a 1.200 personas. Pero es muy fácil -y supone una tomadura de pelo a los ciudadanos- caer en la perversión de convertir un instrumento de prevención en uno de recaudación, más aún en un momento en el que las arcas del Estado se vacían, éstas sí, a toda velocidad.

Fuente: El Mundo