La Administración quiere acabar con los recursos de multas

Seguramente muchos de los que lean esto habrán recurrido alguna vez una multa y se hayan encontrado como respuesta lo siguiente: “Considerando que las pruebas que aporta no desvirtúan ni contradicen los hechos declarados por los agentes sancionadores y las pruebas aportadas por los mismos, se desestima su recurso. Esta Resolución pone fin a la vía administrativa; tiene usted derecho a contencioso”.

Nosotros nos hemos llegado a encontrar esta respuesta recurriendo una multa y presentando como prueba el contrato de venta del vehículo celebrado con 2 meses de antelación a la comisión de la infracción que motivaba la denuncia. Teniendo que acudir al contencioso para que nos dieran la razón.

Unos meses después en una conversación informal con un Guardia Civil (también Licenciado en Derecho), éste, jactándose y mostrando cierta prepotencia me explicó cual era la manera de proceder de los agentes con respecto a las alegaciones y recursos. Me contó que cada mañana al llegar al cuartel en un panel de pared se les comunica qué multas han sido recurridas. Debajo del recurso correspondiente se encuentran dos casillas que rezan: “se ratifica”/ “no se ratifica”.

También me explicó que ninguno de ellos se leían los recursos ni las pruebas presentadas, que ni tan siquiera sabían a que multa se refería cada recurso y que para no perder el tiempo, siempre se ratificaban. Habiéndose acabado con esto la vía administrativa, al ciudadano sólo le queda la vía contenciosa, con el coste que eso le supone, que muchas veces es superior al propio importe de la multa.

Este es un hecho gravísimo, pues es una vulneración injustificada y sistemática de derechos, que de ser probado algún día tendría consecuencias tanto para la DGT como para la Guardia Civil de Tráfico. Que esto ocurra en España en nuestros días es, cuando menos, tercermundista. El hecho de que haya personas que recurren multas sin ningún fundamento y sólo para dilatar indebidamente los procedimientos, no debe convertir el trámite de alegaciones y la interposición de recursos en una formalidad sin sentido, pues se causan graves daños al administrado y al propio sistema.

Por otra parte, parece que nadie se salva de la quema en lo que a recursos de multas se refiere, pues el Director de la DGT, el Señor Pere Navarro, ha lanzado recientemente un duro comunicado contra las empresas de recursos de multas al afirmar que estas “trafican con el tráfico”. Les ha declarado la guerra a estas empresas. Mediante notificación a su domicilio fue requerido por estas declaraciones a asistir a un acto de conciliación y no se presentó. Justificó su ausencia alegando que “no se había enterado”. ¿Qué pasaría si los infractores sancionados alegaran este mismo motivo?. Serían igualmente sancionados, como es natural.

En otro orden de cosas, se acaba de aprobar una nueva reforma de la Ley de Tráfico en la que se acortan los plazos para hacer alegaciones y siempre que nos acojamos al descuento del 50% por pronto pago se nos cierra la posibilidad para alegar o recurrir. En definitiva, se nos compra (en un periodo de crisis económica generalizada) para que no ejerzamos nuestro derecho defensa, que es un derecho fundamental y, por tanto, reconocido constitucionalmente.

Baste transcribir las palabras de algunos de los “padres” de esta reforma para darnos cuenta de la consideración que tienen hacia los recursos de multas. Pocos días antes de su aprobación Alfredo Pérez Rubalcaba se ha referido a los recursos de multas como “farragosa hojarasca administrativa”. Tampoco tienen desperdicio las declaraciones de Francisco Javier Villalba, Subdirector General Adjunto de Ordenación Normativa de la DGT, que hace pocas semanas afirmaba que “El que paga con un 50% de descuento no podrá recurrir, aunque se va a ahorrar más movimientos de papeles inútiles”.

Pero, según Pere Navarro, “no merece la pena perder el tiempo con este debate”.

No podemos sino mostrar nuestro más rotundo y unánime rechazo a estas actuaciones, ante una actitud tan injusta, que sitúa a todo conductor en una indefensión permanente ante los excesos de la Administración. Y no podemos sino hacernos esta pregunta:¿Hasta dónde es capaz de llegar la Administración con los recursos de multas?.