Mientras la estrategia de Interior en el conflicto con la Guardia Civil es tratar de descabezar su movimiento asociativo amparándose en el carácter militar del Cuerpo, los guardias resisten. Afrontan con estoicismo duros expedientes disciplinarios (hasta seis para dirigentes de la AUGC) y amenazas de pérdidas en las nóminas mensuales por productividad. Están dispuestos a aguantar el tirón, con la creación de “cajas de resistencia” solidarias donde con aportaciones voluntarias se apoyará económicamente a aquellos compañeros más perjudicados por las represalias.
De momento, la pérdida de ingresos por la llamada huelga de bolis caídos es de 77 millones de euros, justo la mitad del presupuesto para complementos de productividad de los guardias, según han dicho a El Antirradar fuentes de la Asociación Unificada de Guardia Civil.
Los seis expedientados son los secretarios generales de AUGC en Madrid (también su secretario de organización), León, Albacete, Ciudad Real y secretario jurídico de esta misma provincia. Todos ellos por realizar, supuestamente, manifestaciones a medios de comunicación. Y los dos últimos, además, con medida cautelar de suspensión de empleo, al habérseles atribuido la autoría de unas declaraciones a la revista Interviú mediante su identificación en una fotografía en la que aparecen de espaldas. Ellos niegan ser los que aparece en la foto, y lo cierto es que resulta complicado poder identificar, entre 10.000 guardias civiles vestidos de uniforme, a dos de ellos por la silueta de su espalda. Pincha aquí para ver la foto.
Desesperados por multar
Las mismas fuentes han dicho a El Antirradar que la presión a que son sometidos los mandos está llevando a muchos de ellos a subirse a los vehículos equipados con cinemómetros y buscar lugares donde obtener muchas denuncias en el menor tiempo posible, como pueden ser vías de servicio (de esas con circulación desdoblada y amplios arcenes, que mantienen los límites de velocidad de 50 ó 60 km/h de cuando eran carreterillas llenas de incorporaciones y salidas) con elevada densidad de tráfico y echar allí la jornada completa. Así, uno sólo de esos coches es capaz de poner 300 multas en una sola jornada. “Eso es robar al ciudadano”, ha afirmado a El Antirradar un dirigente de AUGC que prefiere guardar el anonimato por las razones expuestas.
A Rubalcaba, con sus nuevas responsabilidades de Gobierno, basadas antes que nada y después de todo en mejorar la imagen del partido frente a las citas electorales que se avecinan, se le agota la paciencia. El general Dichas (máximo responsable de la ATGC) acude a las reuniones del Consejo de la Guardia Civil acogotado, puesto en evidencia a cada momento por unos hechos que primero desmiente, y atribuye a “errores burocráticos” (como la reducción de los complementos de productividad) y luego promete solucionar. No es mejor la situación del general Cándido Cardiel, director adjunto operativo de la Guardia Civil (a quien se le sacó los colores por utilizar dos coches oficiales de alta gama del Cuerpo para uso particular en la boda de su hija), en quien Rubalcaba delegó la solución al conflicto, “tú sabrás lo que tienes que hacer”, le dijo hace unos meses el ministro. Ni por esas.
¿Una policía de carretera no militar?
El conflicto se agrava y las posiciones se enquistan. El Gobierno se siente tocado en dos cuestiones: la recaudación y la difusión mediática de la posición de los guardias. Y éstos, de perdidos al río, se preparan para una larga lucha. Al final, lo importante será con quién este la gente; y en ese tablero, Rubalcaba lo sabe, lleva las de perder por mucho que la artillería de Prisa se encuentre presta a la voz de ¡ar! del superjefe-presidente de facto.
Quién sabe. Al final, a lo mejor Pere Navarro desempolva un extenso informe cuya redacción encargó al poco de llegar al cargo para evaluar el grado de coordinación entre los técnicos de la DGT y la Agrupación de Tráfico como base para plantear la creación de una policía de tráfico civil, al estilo de la Polizia Stradale italiana. La verdad es que el informe ponía a caer de un burro a la Guardia Civil, como informó en su día Juan Luis Galiacho, en Interviú.
Fuente: El AntiRadar
Todo el mundo se revela contra la política recaudatoria de la DGT. Sin embargo lastimosamente estamos en una república bananera en donde las quejas de los ciudadanos les entran a los políticos por una oreja y les sale por otra.
Que la Guardia Civil está mal es innegable, que deberían tener mejores condiciones laborales es incuestionable, pero no olvidemos que hacen esto porque les han bajado el sueldo como a tantos y tantos empleados públicos. Si no seguirían multando a mansalva como la han venido haciendo antes. Estoy totalmente de acuerdo con una carta de un guardia civil publicada en diversos foros en la que decía, más o menos, que antes infundían tranquilidad, mientras que ahora provocan, como mínimo, inquietud; que su presencia se hacía notar bien visible en lo alto de los cambios de rasante y en los sitios peligrosos, mientras que ahora están agazapados, camuflados, escondidos en aquellos sitios que para nada son peligrosos pero que es fácil multar al mínimo descuido.
Pienso que deberían seguir en esta actitud, independientemente de su reivindicación salarial, pues está demostrado que el número de accidentes no ha variado en función al número de sanciones. Así se volvería a lo que en su día enseñaban – no sé si ahora lo siguen haciendo – en Valdemoro: “Lo primero: prevenir, luego perseguir y por último sancionar”, por este orden. Así muchos ciudadanos veríamos a los de tráfico con una óptica diferente. Pero creo que se saltaron algún paso que otro.
jesusiko, ahora lo que hacen es primero perseguir, luego sancionar y lo de prevenir no es necesario porque si se previene habria menos multas.