AEA ha tenido acceso al informe que la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) elaboró hace año y medio para analizar “si el sistema diseñado para la gestión de los cursos de sensibilización y reeducación vial contemplados en
la Ley 17/2005 (reguladora del permiso por puntos) introduce restricciones a la competencia innecesarias
o injustificadas”.
Las conclusiones de la CNC fueron contundentes, ya que este órgano consultivo del gobierno se manifestó totalmente en contra del modelo de concesión administrativa elegido por Tráfico, y recomendó que fuera sustituido por el de autorización, similar al utilizado para los centros de reconocimientos médicos, para las ITVs, o para las propias autoescuelas, ya que con él se garantiza igualmente la seguridad vial pero resulta menos lesivo para los derechos
de los usuarios.
En dicho informe, la CNC alertaba del riesgo de utilizar el régimen de concesión para este servicio público y advertía que ello podría dar lugar “a que, una vez obtenida la concesión, la presión competitiva sobre los operadores se viera restringida y con ella los incentivos para alcanzar una mayor eficiencia en el servicio” reflejado en mejores precios, calidad, innovación y, en definitiva, en un mayor bienestar para los consumidores.
Sin embargo, AEA no puede entender las razones por las que el Gobierno desoyó, en perjuicio de los consumidores, las recomendaciones de este órgano y permitió que los automovilistas quedaran cautivos de unas prácticas monopolistas que no existen en ningún otro país.
