Cuando un ciudadano sufre el atropello de la autoridad tiene el deber de denunciarlo, y la Justicia, de condenarlo. Hoy jueves se ha celebrado el juicio por la querella criminal interpuesta a un agente de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid por haber denunciado falsamente a un conductor. El afectado me hace llegar su relato para que lo publiquemos, y accedemos gustosos a hacerlo público en nuestro blog:
«Hace tres años me vi sorprendido por un agente de movilidad del Ayuntamiento de Madrid. Me sentí como se sienten los apaleados, y entendí desde la parte del cliente, lo que éste espera de su abogado.
Se puede decir que para que las cosas funcionen, se tiene que dotar a los funcionarios públicos de cierta autoridad. Es necesario, y forma parte del sistema; de la organización del Estado de Derecho.
El Estado tiene que creer en la palabra del funcionario, cuyo valor desde el punto de vista probatorio está por encima de la de cualquier ciudadano si lo que hace el funcionario es reflejar en un documento o acta una realidad, o unos hechos que han sido observados en el ejercicio de sus funciones.
Y se tiene que creer en el funcionario porque si no las leyes no se podrían hacer valer, ni las normas de convivencia democrática podrían aplicarse con normalidad.
Por eso, el sistema se resquebraja cuando un funcionario, conscientemente, falta a la verdad en la narración de cualquier hecho. Cuando esto ocurre, se quiebra la confianza del ciudadano y del sistema mismo en los poderes públicos, ya que esa presunción que se otorga a determinadas personas se utiliza para un fin ilícito, como puede ser la desviación de poder, la venganza personal, o la coacción. Y por eso, el sistema tiene que reaccionar severamente, castigando con penas de prisión a los funcionarios que falten a la verdad.
No me quiero desviar demasiado de lo que os cuento. Os decía que hacer tres años, estando dentro de mi coche, con el motor en marcha, y detenido en Goya (Madrid), llegó un agente de movilidad para decirme que me diera aire. Como entendió que no lo hice, me extendió un boletín de denuncia por estacionar en doble fila sin conductor. Bravo. Recurra, me dice el tipo (él sabe que su palabra prevalece sobre la mía, y por eso me invita a discutirlo en un procedimiento administrativo).
Hoy se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Madrid el juicio contra este agente, un tal Pablo, al que le he pedido cuatro años y medio de cárcel por un delito continuado de falsedad en documento público (continuado porque en el expediente volvió a mentir diciendo que estaba ausente del coche).
Ignoro si le condenarán, o, como dice el Fiscal, debe prevalecer el principio de “in dubio pro reo”. Pronto saldremos de duda, pero sí quisiera plasmar en este documento la tesis que ha utilizado su abogado para solicitar su absolución. No miento si digo que el acusado, a través de su abogado, solicita la absolución porque, dice, debe prevalecer su presunción de veracidad de su denuncia frente a lo que sostiene la querella criminal. No es una broma. Para que se entienda, es precisamente esa presunción de veracidad la que determina que lo que se relata en la denuncia sea un delito, porque si no gozara de la misma, los hechos serían penalmente inocuos porque precisamente lo que castiga nuestro ordenamiento jurídico es el aprovechamiento de una presunción de veracidad para que la declaración falsa de unos hechos derive en actos administrativos injustos.
Cuatro años y medio de cárcel para un policía que denuncia falsamente no es un exceso. Es el justo reproche que el ordenamiento jurídico establece porque no se trata de una mera equivocación, o un error de apreciación por parte del agente, sino de una consciente infracción del deber de ser veraz en las funciones que legalmente desempeña. Y él lo sabe, y sabe a lo que se expone si así ocurre, y se demuestra.»
Bravo!