Fomento maneja un plan por el que la sociedad pública Seittsa se haría con el control de las autopistas madrileñas en riesgo de quiebra, asumiendo su deuda. A partir de ahí implantaría peaje en las autovías para generar ingresos y pagar tanto los intereses de las radiales como el mantenimiento de toda la red viaria.
Altos cargos de Fomento cuentan con un mapa de la Comunidad de Madrid con 600 puntos marcados en las autovías que parten de la capital hacia todos los rincones del país. Corresponden a otros tantos pórticos que podrían ser instalados en esas carreteras de alta capacidad, hoy de tránsito gratuito, si finalmente se apuesta por el peaje explícito en las carreteras de alta capacidad. A través de esos pórticos se controla quién utiliza la vía y cuántos kilómetros recorre, para después cargar la factura en una cuenta bancaria.
El mismo plan contempla la nacionalización de las autopistas de la región en riesgo de quiebra: las cuatro radiales, la AP-41 (Madrid-Toledo) y la M-12 (Eje Aeropuerto). Fomento utilizaría la sociedad pública Seittsa para hacerse con cada una de esas infraestructuras por un euro y la deuda que soportan.
La radial 2, operada por Ferrovial, tiene créditos por 421 millones; las radiales 3 y 5, en manos de Abertis, cuentan con 649 millones de deuda; de la radial 4, de Ferrovial y Sacyr, cuelgan otros 555 millones. Al margen de estas autopistas, la AP-41, participada por Isolux, Comsa y Azvi, ha ido a concurso de acreedores con 366 millones. Y la M-12 de OHL declara una deuda de 227 millones. Solo en estas carreteras madrileñas, el Estado tendría que cargar con 2.220 millones.
El actual riesgo de impago de los créditos, por la falta de ingresos de las autopistas, amenaza a toda la banca nacional y a las más destacadas entidades extranjeras. Fuentes solventes explican que las autopistas nacionalizadas, así como las autovías reconvertidas en peajes, se integrarían en una empresa denominada Carreteras de Madrid. De este modo, Fomento manejaría la caja generada tanto para pagar el mantenimiento de esas infraestructuras como para atender al servicio de la citada deuda. La intención del Gobierno sería sacar a concurso estos activos en cuanto fuera posible para hacer caja y soltar la deuda.
Una segunda alternativa con peso es que el Gobierno afronte el pago de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración en cada una de las concesiones fallidas y se quede, del mismo modo, con su titularidad. Y en tercer lugar, hay defensores en Fomento que optan por gravar el combustible para mantener las carreteras. Sobre la nacionalización de infraestructuras existen antecedentes. La Empresa Nacional de Autopistas rescató a las concesionarias Audasa, Aucalsa y Audenasa en 1984. El Estado se comprometió a reintegrar a los accionistas el capital invertido, pero a fecha del vencimiento de las concesiones y en pesetas corrientes. El Estado pagó 1.700 millones de euros por las tres concesionarias y posteriormente las privatizó en 1.580 millones, evitando el descrédito del sistema concesional ante los inversores.
En Fomento aseguran que no hay decisión final, pero que es clave zanjar el problema antes de que a finales de julio se presente el plan de inversión en infraestructuras Pitvi, en el que tendrá un papel decisivo el capital privado. En todo caso, la decisión de vender autopistas al Estado dependerá de las concesionarias.
Al parecer, para la levantina AP-7, en sus tramos Cartagena-Vera, Alicante-Cartagena o en la circunvalación de Alicante, operados por Globalvía, Ploder o ACS, se analiza una solución basada en la integración en concesiones maduras y solventes, como lo es Aumar (Tarragona-Alicante) en manos de Abertis.
Fuente: Cinco Dias
