En tiempos de crisis, la Dirección General de Tráfico (DGT) va a extremar su capacidad sancionadora con los infractores para que ni una sola multa caiga en el olvido y quede sin cobrar. Una actitud que afectará tanto a las 20 millones de extranjeros que circulan con sus vehículos o con coches de alquiler por nuestras carreteras, pero también a los ciudadanos españoles que no comunican su cambio de domicilio a Tráfico y cuyas multas, por tanto, se pierden sin llegar a ningún sitio.
Según los datos que avanzó ayer en el Congreso la nueva directora de la DGT, María Segui, estos casos afectan al 15% de las multas. Una situación que podría tener remedio en el futuro si la DGT cruza sus datos con el padrón del Instituto Nacional de Estadística.
Esa solución, avanzó Segui, requiere una reforma legislativa, pero sería muy beneficiosa para atajar el problema que presentan aquellos infractores que no han comunicado a la DGT su nuevo domicilio. Algo que, por ley, está obligado a hacer todo conductor cuando cambia su residencia habitual pero que, como remarcó ayer la directora de la DGT, muchos olvidan hacer. Por eso, al ser el padrón municipal del INE el registro más actualizado de todos los ciudadanos, el cruce de los datos permitiría que ese 15% de las multas que a día de hoy acaban en ninguna parte fueran, finalmente, abonados por los conductores. Una situación que la directora se compromete a resolver, al igual que otros 80.000 recursos que todavía siguen pendientes de resolución.
Además, Tráfico quiere avanzar también en medidas de colaboración público-privadas que permitan hacer efectivas y gestionar las sanciones a los extranjeros que circulan por nuestro país. Un colectivo que, según dijo Segui, presenta muchos problemas en este sentido y que goza de “impunidad”. La cuestión no es baladí pues, según los datos de la DGT, en algunas provincias casi la mitad de las sanciones detectadas por los radares corresponden a vehículos extranjeros o a conductores de fuera de España.
Fuente: El Confidencial
