Tres minutos después de las tres de la madrugada del día 10 de septiembre de 2011, en plenas fiestas de San Lorenzo de Valladolid, agentes de la Policía Municipal de un control de tráfico instalado en la plaza de San Nicolás dieron el alto a un vehículo y requirieron a la conductora, R. L. P., que entonces era fiscal sustituta de la Audiencia de Valladolid, que realizara las pruebas de detección alcohólica.
El etilómetro, que estaba «en perfecto estado de funcionamiento», según el relato de hechos probados de la sentencia absolutoria, arrojó un resultado positivo de 0,71 miligramos de alcohol por litro de aire espirado a las 3:32 horas, y 0,65 en la segunda prueba, practicada a las 4:15 horas. A petición de la conductora, se le trasladó al hospital Río Hortega para realizar un análisis de sangre. El resultado de esa prueba de contraste, realizada a las 5:15 horas, fue de 1,43 gramos de alcohol en sangre por litro.
Para la magistrada Olga Álvarez Peña, encargada de juzgar este caso, existe «una duda razonable sobre el modo de la realización de esta prueba y su resultado» porque, «si la acusada se encontraba en la fase descendente o de eliminación del alcohol cuando se realizó, no se comprende que el resultado del análisis de sangre arrojase una tasa de 1,43 gramos de alcohol en sangre por litro, lo que equivaldría a 0,72 miligramos por litro de aire espirado».
Es decir, más de lo que había marcado el alcoholímetro en la primera prueba de aire realizada casi tres horas antes. Por ello, y porque no puede acreditarse que «la acusada tenía sus facultades psicofísicas disminuidas a consecuencia de la ingesta de bebidas alcohólicas», el fallo es absolutorio.
