La Audiencia Nacional estima el recurso de DVuelta y plantea la cuestión de inconstitucionalidad sobre la ley te tasas judiciales. “La Ley es un atentado sin precedentes contra los pilares básicos del Estado de Derecho”, según Dvuelta.
La Ley de Tasas Judiciales, conocida como “tasazo”, es inconstitucional, según la Audiencia Nacional, estimando así el recurso contencioso administrativo interpuesto por DVUELTA, entidad dedicada a la defensa de los conductores. En el Auto, fechado hoy, la Audiencia realiza importantes reproches a la Ley, al entender que el importe de las tasas es desproporcionado, denunciando que no es lícito aprobar una ley que lo que persigue, en realidad, es reducir la litigiosidad que permite “el acceso a la justicia de aquellas personas físicas con suficientes recursos económicos”.
A juicio de DVUELTA, y de Miguel Javaloyes, letrado que ha presentado el recurso en nombre de esta Entidad, “el Auto supone un auténtico varapalo jurídico a la Ley de Tasas Judiciales, y deja en evidencia nuevamente al Ministro de Justicia y a la Defensora del Pueblo. El auto revela que la Ley es un atentando sin precedentes contra los pilares básicos del Estado de Derecho y la convivencia democrática, y debería provocar una reacción inmediata del Gobierno en el sentido de suprimir la Ley”.
Hasta la fecha habían recurrido al TC partidos políticos, y se habían pronunciado en contra de la Ley diversos operadores jurídicos de un modo oficioso. Sin embargo, el hecho de que la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional haya dictado en el seno de un proceso judicial para la protección de los derechos fundamentales un Auto en los términos que hemos visto significa que el Poder Judicial se ha posicionado formalmente, y lo ha hecho contra esta ley aprobada sin el más mínimo consenso parlamentario.
El Auto, acogiendo prácticamente en su integridad los argumentos de DVUELTA, sostiene que el Estado español infringe el artículo 6.1 del Tribunal de Roma de Protección de Derechos Humanos así como la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, argumentando que “el hecho de exigir al recurrente el pago de una tasa, que en algunos casos resulta desproporcionada, coartaría su derecho a la tutela judicial efectiva”.
Como prueba de la inconstitucionalidad de la Ley, el Auto se ampara en un el informe emitido por el Consejo General del Poder Judicial de fecha 11 de junio de 2013 que revela que “se ha reducido de manera considerable, llamativa y preocupante el número de recursos interpuestos por los ciudadanos” añadiendo que “han impedido e impiden que aquellas personas que necesiten acceder a los tribunales de justicia, no puedan hacerlo, o decidan soportar las consecuencias de actos y actuaciones de la Administración sin el refrendo del sistema natural del control jurisdiccional, establecido en la Constitución”
Por otro lado, la Audiencia Nacional afirma que la inconstitucionalidad de la Ley afecta a los ámbitos contencioso, civil y laboral, puesto que se atenta en cualquier caso contra el derecho a la igualdad, a la tutela judicial efectiva, y contra el principio de un sistema tributario justo.
Asimismo, el Auto, acogiendo las alegaciones de Dvuelta afirma que resulta particularmente injusto en los casos de impugnación de sanciones de tráfico o en recursos de poca cuantía.
Adjunto: AutoAN.pdf
