Ha ocurrido en Grecia, en Chicago, en Portugal, en Quebec… Y ahora ha llegado a España con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana. «La reorganización de los estados en una dirección autoritaria es parte de un proyecto a largo plazo para detener la democracia manteniendo un mínimo de legitimidad democrática», se lee en un artículo publicado este lunes por The Guardian.
«La nueva Ley de Seguridad Ciudadana que quiere aprobar el Gobierno español es un ataque a la democracia». Con el aumento de las penas y de las multas, «no se trata solo de medidas para disuadir a los ciudadanos para que no protesten, sino de domesticar a los que pese a todo se decidan a hacerlo», afirma el texto.
Y pone ejemplos que ya se han dado en otras latitudes: «En 2011, el alcalde de Chicago, Rahm Emmanuel, adoptó una serie de medidas anti-protesta provisionales, para hacer frente a las marchas contra las cumbres de la OTAN y el G8, que iban a tener lugar en la ciudad norteamericana. Entre ellas, la obligación de suscribir un seguro de un millón de dólares para convocar un acto de protesta, mayor presencia policial y nuevos impedimentos administrativos para convocarlas. A comienzos de 2012, esa legislación ‘temporal’ se convirtió en permanente».
«Ese mismo año, en Quebec, se trató de contener las protestas de los estudiantes contra el incremento de las tasas de matrícula, aprobando una legislación de emergencia con severas restricciones como la prohibición de manifestarse a menos de 50 metros de un colegio o la posibilidad de modificar el recorrido de una protesta», añade.
El artículo afirma que la nueva Ley de Seguridad Ciudadana propuesta en España «tiene esencialmente una base similar». «No se trata sólo de un elemento más de disuasión de las protestas, sino que tiene un efecto de domesticación a largo plazo para este tipo de manifestaciones», afirma el texto del diario británico.
El artículo añade que «el aumento de las medidas represivas, por sí mismo, rara vez es suficiente», y por lo general se han visto acompañadas por el despliegue de «nuevas ideologías sobre lo que se entiende por delincuencia y por legalidad». Serán permitidas las protestas inofensivas, aunque sean masivas, mientras las acciones molestas se considerarán delictivas.
El neoliberalismo ha respondido a un supuesto exceso de democracia y a un incremento de las demandas populares, lo que puede llevar a una crisis de ‘ingobernabilidad’. Ante ello, para que el Estado pueda seguir realizando sus funciones, tiene que restaurar su autoridad por medio de «la ley y el orden».
Margaret Thatcher lo resumió en una frase: «El objetivo primordial del Estado es mantener el orden», recuerda el artículo, para añadir que se avanza hacia un régimen neoliberal donde «el mercado es libre y la gente es disciplinada».
Fuente: El Ventano