FACUA ha elaborado un estudio comparativo con las tarifas de ITV que se aplican en las 17 comunidades autónomas. La principal conclusión del informe, una vez más, es la importante diferencia de precio que existe entre las diferentes comunidades autónomas. La diferencia llega a alcanzar el 79% en el precio para los turismos con motores diésel. En relación a las motocicletas los datos reflejan igualmente una enorme disparidad de tarifas: hasta un 166% de diferencia.
El precio medio total acumulando tanto turismos diésel como los de gasolina (con catalizador) apenas ha variado respecto a 2015. De 38,81 euros se ha pasado a 38,87 (+0,1%). Por motores, los gasolina pasan de 35 a 35,08 euros (+0,23%) y los diésel de 42,62 a 42,75 euros (+0,29%). Los precios de Ceuta y Melilla, aunque sí aparecen recogidos en la tabla de datos, no se han contabilizado para la media.
Madrid tiene las tarifas más elevadas para turismos diésel, 52,61 euros (media). Por detrás, Valencia con 51,64 y Murcia con 49,79. En el caso de coches a gasolina con catalizador, Cantabria tiene los precios más caros (42,8 euros), seguida de País Vasco, con 42,48 euros, y Madrid, con 37,52 de media.
La tarifa media más económica combinando ambos vehículos de las diecisiete comunidades autónomas son los 29,4 euros que cobran en Navarra. Le siguen Extremadura con 32 euros y Asturias con 34. En los tres casos, las tarifas no varían en función del tipo de motor.
En cuanto al desglose de precios recabados sobre vehículos a motor de hasta tres ruedas, motocicletas y ciclomotores, también se han llegado a detectar diferencias importantes que alcanzan hasta el 166% en función de en qué Comunidad se pase la revisión.
La tarifa media de la ITV de estos vehículos es de 20 euros, habiendo subido este año un 1 % con respecto a 2015. Madrid tiene las tarifas más elevadas con 33 euros de media, seguida de Extremadura con 32 euros. Frente a las más caras, aparecen la aplicada de media en Murcia, 12,4 euros, y los 13,66 que cobra la Comunidad Valenciana como los precios más bajos.
Las comunidades autónomas regulan en cada caso la tarifa que debe aplicarse o un precio máximo, por debajo del cual pueden competir los operadores públicos y privados que operan en el sector. Hay comunidades donde sólo operan centros de inspección públicos, en otras operadores privados, y también hay casos de gestión mixta con puntos de inspección públicos y privados. En los casos, como Andalucía, en los que la gestión es íntegramente pública, es la administración la encargada de fijarlos. Toda esta disparidad en los modelos de gestión del servicio conlleva, en definitiva, que existan distintos precios y tasas según la región del país.
Y ahora bien ¿para cuándo una ITV para las carreteras?, ¿cuándo será equitativo lo que pagamos los conductores por lo que recibimos a cambio?.
Fuente: DVuelta
