La CSI ha condenado la decisión de los representantes de los empleadores y algunos Gobiernos afines, por haberse negado a permitir que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) siguiese adelante con la idea de reconocer la salud y seguridad en el trabajo como un derecho fundamental.
Pese a que la Declaración del Centenario de la OIT, adoptada el año pasado, estableciese que todos los trabajadores deberían disfrutar de una protección adecuada en cuanto a su seguridad y salud en el trabajo, el llamamiento de los sindicatos para que la OIT avance respecto a esta cuestión ha sido en vano y no se tratará en la reunión del Consejo de Administración de la organización en noviembre.
En palabras de la secretaria general de la CSI, Sharan Burrow: «Cerca de 2,3 millones de personas mueren cada año a causa de accidentes y enfermedades laborales y la actual pandemia viene además a sumarse a esta deplorable pérdida de vidas humanas. Muchos millones más han resultado heridos o padecen enfermedades crónicas derivadas de su trabajo. El derecho a estar protegidos frente a procedimientos de trabajo peligrosos, substancias químicas nocivas y otros riesgos ha de quedar reconocido como un derecho fundamental, de igual modo que la libertad sindical y la negociación colectiva o la protección frente a la discriminación, el trabajo forzoso o el trabajo infantil. Constituyen la piedra angular del nuevo contrato social que el mundo necesita desesperadamente para una recuperación y resiliencia en la era de la COVID-19.
Aunque la imposición de medidas de salud pública a gran escala ha sido y probablemente seguirá siendo crucial para frenar la propagación del virus SARS-CoV-2, ha de prestarse mucha más atención a los lugares de trabajo, para evitar que se produzcan infecciones y la transmisión del virus en la comunidad.
La clave para ello es la salud y seguridad en el trabajo, con los trabajadores y sus representantes sindicales involucrados en las decisiones de prevención y protección necesarias. Los intereses empresariales están bloqueando la discusión en la OIT, pero se equivocan si piensan que conseguirán eliminarla por completo del orden del día. Instamos a los Gobiernos a no ceder frente a la agenda corporativa en la OIT, que sitúa los beneficios por encima de las vidas humanas, y a sumarse a nuestro empeño de proteger de la muerte y de contraer enfermedades a los trabajadores y trabajadoras».