Un gran aumento de la desigualdad en 2021 a pesar de la recuperación

El informe de la Fundación Foessa alerta de un aumento de la brecha social durante la pandemia, que afecta especialmente a los hogares más vulnerables, los inmigrantes, los jóvenes y las mujeres. Según el estudio, el más completo sobre las consecuencias sociales de la crisis del COVID-19 en España y que aporta las cifras más actualizadas, “la cohesión social en nuestro país ha sufrido un shock sin precedentes como consecuencia de la tensión que ha sufrido la actividad económica y el empleo a causa de la irrupción del SARS CoV-2”.

Algunos datos que demuestran el aumento de la desigualdad en 2021

A pesar de una aparente recuperación económica, que muestra cifras favorables de empleo (ya hay más puestos de trabajo que antes de la pandemia), la brecha social ha aumentado exponencialmente.

El informe de Foessa y Cáritas, “Evolución de la cohesión social y consecuencias de la Covid-19 en España”, indica que la precariedad laboral se ha duplicado durante la crisis sanitaria y que casi 2 millones de hogares que dependen económicamente de una persona sustentadora principal, sufre inestabilidad laboral grave.

Esta crisis ha agravado la brecha de género: “los hogares con sustentadora principal mujer han visto aumentar la exclusión social más del doble que aquellos en los que la mayoría de ingresos los aporta un hombre”. Esto es así, entre otras cosas, porque el empleo feminizado ha sido especialmente castigado. La exclusión social en los hogares encabezados por mujeres ha pasado del 18% en 2018 al 26% en 2021, frente a los hombres, que pasaron del 15% al 18%.

Se ha observado, asimismo, “un retorno a las prácticas tradicionales en el reparto de cuidados” en las familias biparentales con menores de seis años y son las mujeres las que, mayoritariamente, han hecho uso de las excedencias no remuneradas por cuidados. Pero además, durante el confinamiento, ha crecido en 8 puntos porcentuales el número de mujeres que son cuidadoras principales. El informe critica, precisamente, la falta de apoyos públicos para revertir esta situación.

Por otro lado, en España hay casi un 15% de menores de 30 años en situación de exclusión social grave, lo que supone un lastre para la realización de sus proyectos vitales. Tan grave es la situación de la juventud que en el informe se define a esta como “un factor de exclusión social en sí mismo”.

La inmigración es otro colectivo que ha sido especialmente maltratado. La tasa de incidencia de la COVID-19 fue casi 3 puntos porcentuales mayor en la población inmigrante, debido a las peores condiciones de vida, así como por el tipo de empleos que estos desempeñan, normalmente de mayor exposición. Además, el 50% de los hogares con extranjeros se encontraban en situación de exclusión social en 2021, tres veces más que los hogares españoles. Si ahondamos un poco más, la etnia es un factor intensificador de dicha exclusión: en 2021, el 70,5% de los hogares gitanos estaba en situación de exclusión social, dato que triplica el del conjunto de hogares españoles.

El problema de la desigualdad es crónico en nuestro país. Este informe pone de manifiesto cómo la crisis generada por la pandemia no ha hecho otra cosa que intensificarlo y evidenciar la necesidad que existe, hoy más que nunca, de reforzar nuestra estructura económica y social.

Desigualdad territorial y brecha digital

El informe también atiende a las desigualdades que se han generado tanto a nivel territorial como en el plano digital.

La crisis ha tenido un impacto diferenciado según las estructuras demográficas de cada territorio, su modelo productivo y de protección social. El estudio permite observar la situación de 10 de las 17 CCAA. De forma resumida, podemos decir que, siguiendo la tendencia del anterior informe de 2018, las tasas más elevadas de exclusión social se dan en el sur, el este y en Canarias.

Por otra parte, la brecha digital, que el informe define como “el analfabetismo del siglo XXI”, se ha intensificado. La digitalización es fundamental para acceder a productos, servicios, y el trabajo, pero 1,8 millones de hogares tienen dificulta para acceder a ella, especialmente los que están conformados por personas mayores de 65 años, personas que viven solas y familias con niños pequeños (brecha educativa).

Dos crisis en 10 años

Los efectos de la última crisis económica aún estaban presentes en 2020 cuando estalló la crisis sanitaria. Por tanto, las consecuencias de esta, apunta el informe, van mucho más allá de lo estrictamente sanitario.

Uno de los aspectos diferenciales de esta crisis es la profundización de la brecha de desigualdad en nuestra sociedad, donde los grandes damnificados por la pandemia son, precisamente, las personas y familias más frágiles y desfavorecidas, a quienes no ha llegado las respuestas públicas del denominado escudo social. Si bien se han utilizado recursos a modo de escudo social, como los ERTE o el Ingreso Mínimo Vital, la gran inestabilidad laboral existente y el colapso de una economía informal que sustenta a muchas familias, ha propiciado que muchas personas queden desprotegidas, fuera del sistema. Además, según se critica en el informe, el Ingreso Mínimo Vital “tiene una cobertura insuficiente, no alcanza a determinados colectivos vulnerables y plantea condiciones de acceso injustas y de difícil cumplimiento para algunas de las familias y personas que más lo necesitan”.

Además, como ya hemos mencionado, los sectores más feminizados, como el comercio o la hostelería, han sido los más golpeados por la crisis, provocando que se retroceda en materia de igualdad.

Retos y propuestas del informe

El informe de Foessa y Cáritas no se limita únicamente a exponer un diagnóstico de la situación socioeconómica en España. Por el contrario, incluye un apartado en el que aporta propuestas de solución, que desde USO apoyamos. Concretamente, hacen hincapié en la necesidad de perfeccionar el sistema de protección social en un futuro.

Las propuestas son:

  • Convertir algunas de las medidas provisionales tomadas en la crisis en estables, con el fin de evitar la perpetuación e intensificación de situaciones de vulnerabilidad y exclusión social.
  • Mejorar la cobertura del Ingreso Mínimo Vital, para que llegue a los que más lo necesitan y corregir el desequilibrio en la actual protección social. Esta ayuda solo llegó al 37% de los hogares previstos inicialmente.
  • Reforzar el estado de bienestar, que es la mayor garantía de cohesión social.
  • Implementar medidas que reduzcan la hiperflexibilidad, mejoren la organización social de tiempo de trabajo y que acaben con las situaciones de irregularidad.
  • Diseñar y poner en marcha medidas redistributivas para compensar los bajos salarios.
  • Refuerzo del sistema público de salud y cambio de estrategia en el modelo de atención de personas en situación de dependencia o que necesiten cuidados.
  • Implementar políticas públicas que hagan frente a la exclusión residencial, que ha incrementado en los últimos años.
  • Prestar atención especial a la brecha educativa consecuencia del apagón digital. El porcentaje de menores de 15 años que dicen haber empeorado sus calificaciones crece de forma notable en los hogares más vulnerables.
  • Modernizar los servicios sociales y adaptarlos a los retos globales como el envejecimiento de la población o la integración de la población inmigrante, entre otras cuestiones.

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