Hoy tenemos otra prueba mas a cerca de la fiabilidad de los radares, adelanto lo primero que esta vez no ha acabado en sanción, ha sido notificación informativa de cortesía de un radar que acaba de ser instalado. La realidad es que ese vehículo no puede ser que pille tanta velocidad, en este caso se ve que la sanción es errónea, pero en velocidades mas bajas podría potencialmente haber muchas mediciones que bajo una apariencia correcta podrían provocar una sanción injusta.
La notificación la recibe un conductor que se queja de que su Dacia Duster de 100cv es imposible que se haya puesto a 210 km/h, según el radar de tipo Dahua que le ha medido la velocidad. Hay otro punto que veo que no hay control alguno, me refiero al procesado de las sanciones, no puede ser que nadie se haya dado cuenta que es imposible que ese Dacia con el motor que incorpora vaya a 210 km/h y que se trata de un error del radar. Las sanciones deberían procesarse de tal forma que se comprobara si la velocidad que mide el radar es posible.
El caso es que, no es la primera vez que sucede algo como esto, nadie verifica nada y las sanciones se tramitan todas, ya será la víctima la que recurra si no está conforme y pase por el correspondiente calvario. Que recuerde ahora hubo dos casos sonados hace años, aquella multa a una conductora por circular a 750 km/h y la del bus que circulaba a 235 km/h.
En este caso lo lógico hubiera sido no procesar la notificación, que no le llegue al conductor y ordenador que se revise mejor ese radar, por que esa potencial multa no es para nada creíble.
Foto gentileza de Andrés R.P.
Con esto no pretendo decir que sea relevante el porcentaje de fallos de los radares, pero si se dan casos como este, que es algo evidente y palpable, ¿cuantas multas pueden estar tramitándose erróneamente en velocidades normales en las que la víctima no pueda hacer ni alegar nada?. Solo una sanción que suceda ya debería ser motivo para desactivar todos los radares hasta que las garantías para los conductores sea del 100%, no debería valer ni un 99,99%.
El caso que se plantea pone de manifiesto un problema fundamental en el sistema de control y sanción de tráfico: la ausencia de una verificación previa de la fiabilidad de las mediciones antes de iniciar el proceso sancionador. Si existen antecedentes de errores groseros, como multas por velocidades físicamente imposibles, surge la pregunta de hasta qué punto se está garantizando el principio de presunción de inocencia del conductor.
¿No sería más adecuado establecer un mecanismo de validación previa que filtrase mediciones manifiestamente erróneas antes de emitir una sanción? La carga de la prueba no debería recaer exclusivamente en el ciudadano, que se ve obligado a iniciar un proceso de recurso con los costes y complicaciones que ello conlleva. ¿Podría argumentarse que la falta de estos controles previos vulnera derechos fundamentales, como el derecho a la defensa y a un proceso con garantías?