Sobre siniestralidades y cárceles

El final, del verano, llegó, y tú partirás… Algo así cantaba el Dúo Dinámico hace unos cuantos años. Ha llegado el final del verano. A los que lo hemos disfrutado ya se nos está camuflando el moreno porque las hipotecas, el precio del pan y la vuelta al cole nos hace palidecer por momentos. El inicio de la “vida normal” es un buen momento para hacer propósitos de mejora. Cuando se hace un propósito de mejora, es porque somos conscientes de que hay situaciones mejorables. Tráfico aún no ha hecho su propósito de mejora. ¿O sí? ¿Esa aprobación rápida de un paquete de medidas penales a algunos conductores, con trámite de urgencia previsible en el Senado obedece a un propósito de enmienda?

El caso es que el dispositivo veraniego de tráfico, así como Septiembre, han fracasado estrepitosamente en cuando a cifras de siniestralidad y mortalidad vial.

La Dirección General de Tráfico española ha publicado por su servicio de prensa el informe del dispositivo especial Julio-Agosto 2007. El enlace a ese informe lo tenéis aquí (informe de tráfico) y recomiendo que le echéis un vistazo con cierta profundidad. Pero no lo hagáis si os encontráis de mal humor por alguna causa, ya que si estáis mínimamente concienciados, llegaréis a la misma conclusión que yo. Es una farsa.

Ya es una farsa nata, puesto que, como hemos informado en numerosas ocasiones, hay ciertos muertos que no cuentan. Así, entre ellos están los vascos, los catalanes, los que mueren en accidentes en vía urbana, los que mueren a partir de 24 horas después del accidente y los mayores de 70 años. Además, se constata una clara tendencia a relativizar. Aumentos “ridículos” respecto al año pasado (que se contaban los muertos igual) y siempre la misma cantinela. “Descensos notables en los índices con respecto a 2003”.

Vamos a analizar lo escrito. “Descensos notables en los índices con respecto a 2003”. Lógico. Y si lo analizamos con respecto a 1987 ya ni contar hacemos… De 2003 a esta parte se han matriculado alrededor de 5,5 millones de turismos nuevos, así como multitud de vehículos usados venidos de fuera. En total unos 6 millones de vehículos de los cuales, el 98% tiene ABS, el 90% doble airbag y alrededor del 50% tiene ESP. Como quiera que el parque de automóviles ha aumentado en alrededor de 2 millones de unidades entre 2003 y 2007, deducimos que más de 3 millones de vehículos han sido dados de baja. Es muy probable que de esos más de 3 millones de vehículos, un alto porcentaje fueran turismos de más de 12 años de edad, que no tenían ABS, ni airbag, ni soñaban con el ESP. Es decir, que accidentes que hace 4 años eran mortales, ahora se sale con lesiones de mayor o menor gravedad. Así desciende la mortalidad cualquiera. Pero no es mérito de la DGT. Es mérito de Volkswagen, de Toyota, de Renault, de Mercedes y de todas las marcas automovilísticas, y de muchos conductores que, concienciados, se entrampan hasta las cejas en comprar un coche más seguro.

Seguimos: se ha observado un aumento de la siniestralidad en las motocicletas. No sabemos hasta dónde llega ese aumento pues se descartan los accidentes urbanos. Estos accidentes entre coches no suelen ser dramáticos, pero lo son con cierta sencillez si uno de los implicados viaja sobre dos ruedas. Esto se achaca a la posibilidad de que los conductores de permiso B que tengan una antigüedad de tres años puedan acceder a circular con una moto de 125 sin acreditar la más mínima destreza sobre cualquier ciclo. Como quiera que las motos de 125 son de uso bastante urbano, no nos podemos hacer a la idea de qué escabechina ha podido causar esa medida porque la DGT nos oculta, de manera interesada a nuestro parecer, la cifra de muertos en vía urbana. Además, apuntar también que tampoco se exige una formación específica para acceder a una moto de alta cilindrada. Sólo tener cierta edad. El aumento de los accidentes con motos de alta cilindrada ha aumentado notoriamente. Es decir, un fracaso en las normas de tráfico a la hora de exigir capacitación a los conductores.

Pero lo más grave no está en el informe. Lo más grave es el caso de septiembre. En Septiembre se han dado cifras “clavadas” a las de Agosto. 229 muertos en el mes 8 contra 228 en el mes 9. por segundo mes consecutivo, y a pesar del maquillaje, aumentan las muertes viales con respecto a 2006. Y los cuatro primeros días de octubre comienzan con 29 muertos (20 en 2006), así que la tendencia es de aumento, por mucho que se engolen estos dirigentes en que hay unos 180 muertos menos que el año pasado por estas fechas. No olvidemos que el contaje estaba retrucado (antes estaba trucado a secas) sólo la segunda mitad del año. Las campañas de tráfico, tanto publicitarias como represoras surten efecto nulo. La didáctica del palo no funciona. Hay que cambiar. Pero cambiar a un sistema más didáctico y justo. No a más palo, como intentan legislarnos.

Porque el pasado 3 de Octubre, con mayoría parlamentaria, se aprobaba una reforma de código penal por la cual, ciertos hechos al volante pasarán a ser considerados delito. Como medida supuestamente correctora a corto plazo, se tramitará por vía de urgencia en el senado para poder ser aplicada de facto antes de final de 2007.

Lo primero: esas reformas van siempre urgentes, pero medidas más útiles desde el punto de vista de la lucha contra la delincuencia o el fraude se tramitan con calma, reposo y sosiego. Es decir, los conductores estamos criminalizados y agraviados no ya con el resto de la sociedad, sino con otros delincuentes que hacen fechorías más graves.

Segundo: o se trabaja sólo con cifras, o se trabaja sólo con sensaciones. Ninguna de las propuestas para enchironar a los conductores se circunscribe en el marco de determinar si un conductor es realmente peligroso o si se ha pegado una “pasada” circunstancial.

Tercero: No existe espacio en los penales para acoger a la potencialidad de conductores reincidentes en estos “hechos delictivos”. ¿Van a soltar a los delincuentes comunes?

Cuarto: no se ha evaluado el coste que para las arcas del estado tiene esta medida. Encarcelar a 10.000 conductores, que pasarían de cotizar un poco de dinero y pagar impuestos a costar al estado miles de euros al año cada uno es un riesgo que no se puede ni debe asumir, máxime si no se demuestra que el conductor encausado es un peligro habitual para el resto de conductores.

Los supuestos “numéricos” que te sancionarían por vía penal son los siguientes:

– Superar el límite en 80 kms/h en carretera abierta: Así pues, la velocidad de cárcel se establecería en 200 kms/h en autovías y autopistas, 180 kms/h en las vías de única calzada con arcén ancho o carriles especiales y los 170 kms/h en el resto de vías. Naturalmente esto se da siempre que hablemos de límites genéricos.

– Superar en 60 kms/h el límite establecido en vías urbanas.

– Conducir con una tasa del alcohol superior a 1,2 mg/l en sangre (es decir, 2,4 veces más de lo permitido)

Los supuestos de libre interpretación que te llevan a la cárcel son los siguientes:

– Conducción con manifiesto desprecio a la vida propia o a la de los demás usuarios de la vía.

Y un último supuesto que sí me parece útil, con reservas, claro:

– Conducir un vehículo a motor sin haber obtenido el permiso de conducción correspondiente o hacerlo cuando el saldo de puntos está agotado.

Y una cosa que se ha pasado por alto en los medios (que han hecho más labor de intoxicar que de informar), si la temeridad se multa en el marco de la investigación de un accidente con resultado de lesiones o muerte, el encausado puede ver cómo el vehículo que conducía pasa a ser tratado como “arma del delito”, con lo cual la imaginación del juez a la hora de imponer la pena puede no conocer límites, e incluso con expediente limpio puedes llevar más de dos años de condena y, por tanto, pisar el “Hotel rejas”.

En todos los casos se pueden dar una serie de condicionantes que provoquen que la pena establecida sea, con mucho, excesiva para el hecho cometido. Así pues puede ir a la cárcel una persona “sorprendida” a 210 kms/h con un Audi A6 con todos los avances, que circula solo por una autopista un domingo a las 8 de la mañana sin tráfico. O que vaya a juicio penal una persona que ha adelantado a un ciclista sin guardar la distancia de seguridad reglamentaria sólo porque el Guardia Civil que lo multa así lo determina en un informe. Esas son injusticias que deben valorarse antes de meter a alguien en un proceso penal puesto que además de perjudicar al individuo, se puede estar poniendo en severo riesgo el sustento de toda una familia. Y eso es una cosa que encima, nos puede costar dinero a los demás contribuyentes puesto que esa familia puede solicitar unas ayudas que, en caso de tener una entrada de dinero en casa, no tendrían que solicitar.

Debemos anotar que salvo casos de temeridad demasiado manifiesta con resultado de accidente, como los descritos hace dos párrafos, las penas son inferiores a dos años, con lo cual la cárcel no se pisa si es el primer caso penal que el individuo tiene que enfrentarse, pero el antecedente ahí queda. Y en caso de una segunda, al trullo. Además, los antecedentes penales no caducan.

Lo sentimos, pero desde aquí creemos que las medidas tienen dudosa eficacia, que no van a aportar nada, y que pueden traer más ruina en lugar de mayor seguridad. Hay que apartar al conductor que realmente es peligroso, pero para apartarlo hay que saber quién es, identificarlo claramente y sacarlo de la carretera. Lo que quiere hacer el gobierno es matar moscas a cañonazos. Y eso sólo trae destrucción.

Desde aquí, también, mandar el pésame a todas esas familias que han visto como en estos meses han perdido a algunos miembros en circunstancias de tráfico, sean culpables o inocentes del accidente en el que se implicaron, sean o no dignas de aparecer en la estadística de la DGT. A todas esas familias y sus allegados, nuestro más sincero abrazo.

Un saludo!!

Autor: DGT
La Dirección General de Tráfico (DGT) es un organismo autónomo dependiente del Ministerio del Interior de España responsable de la ejecución de la política vial. La administración territorial se compone de 50 Jefaturas Provinciales de Tráfico, una por provincia, dos jefaturas locales de Tráfico en Ceuta y Melilla y 14 oficinas locales de Tráfico que realizan la tramitación relativa a la titularidad de los vehículos, conductores y procedimiento sancionador por infracciones de tráfico en el ámbito interurbano. En estas labores cuenta con el apoyo de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Fue creada mediante la ley 47/59, de 30 de julio de 1959, sobre regulación de la competencia en materia de tráfico.

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