Una notable disminución del rendimiento en el desempeño de sus funciones, no habiendo alcanzado el grado exigido, es el principal argumento utilizado por Interior para intensificar sus presiones sobre el cuerpo de la Guardia Civil, obligando a los agentes a que interpongan más multas de tráfico. Así quedó demostrado en la rebaja de sueldo de 200 euros que un efectivo del Instituto Armado de Lugo sufrió este mes y que la DGT justificó argumentando que en este período «sólo había puesto dos multas».
De este modo, las reticencias de los guardias civiles a claudicar con lo ordenado por el oficial de mando del destacamento de tráfico, con comportamientos que definen de «amenazantes y faltos de profesionalidad, por intereses puramente económicos o de servilismo», están teniendo ya repercusión sobre la nómina mensual de los agentes más «revoltosos», tal y como explicaron a este diario fuentes de la Unión de Guardia Civiles de Galicia. «No estamos dispuestos a pasar por el aro y aceptar imposiciones de este calibre. Nuestro objetivo es y seguirá siendo realizar nuestro trabajo tal y como está estipulado legalmente, actuando con total profesionalidad» y «potenciando más la prevención y el recordatorio entre los conductores que las sanciones económicas», aseguraron los agentes consultados.
Pero las presiones van a más. Según la UGC, a las amenazas de recortes salariales que pesan sobre los efectivos se une ahora una posible pérdida de su condición como agentes de tráfico y también, injustificados cambios de destino. Se recrudecen así las amenazas ante la falta del incremento de las denuncias por parte del cuerpo en Galicia, con diferencias notables según los casos y zonas. La nueva directriz habla de un curso de reciclaje forzoso para insumisos que cuenten con menos denuncias en su hoja de servicios, bajo el pobre argumento de que su productividad «se encuentra muy por debajo de la media del subsector de Tráfico». Todo ello en base a la media aritmética de la suma de los parámetros valorados por día trabajado.
Nuevas coacciones
A pesar de que no se dispone de datos oficiales, se habla de que una treintena de Guardia Civiles de la provincia de Lugo podrían ser convocados para realizar la mencionada prueba por su condición de «insumisos». Así, según explican desde la UGC el resultado estaría directamente relacionado con su permanencia en el cuerpo de tráfico, en caso de ser aprobados; o la pérdida de la categoría para pasar a ser Guardia de Seguridad Ciudadana, en el contrario. Del mismo modo, en este último supuesto los afectados se enfrentarían a un cambio de destino con muchas posibilidades de ser fuera de la Comunidad en la que actualmente ejercen, ante las pocas plazas disponibles en Galicia. «La mayoría irían a parar a pueblecitos de Soria o Guadalajara» detalló uno de los agentes a ABC.
Son muchos los casos sangrantes que hacen que esta «norma interna» roce la ilegalidad, al margen de ser una imposición «irracional e indiscriminada», tal y como apuntan desde el colectivo gallego. Era en noviembre del pasado año cuando los destacamentos de Lugo, La Coruña y Pontevedra remitían un documento a varios agentes comunicándoles la retirada del complemento de Seguridad Vial por la «reducción del número de denuncias», en total 148,8 euros en cada caso. Según el sindicato, el comunicado se recibió en Burela, La Coruña, Lugo y Porriño, y afecta directamente al salario mensual de cuatro profesionales del cuerpo.
En esta misma ocasión, era la Asociación Unificada de Guardias Civiles la que se hacía eco de uno de los casos denunciados por la Unión de Guardias Civiles de Galicia, en concreto en La Coruña donde, según la Asociación, la retirada del complemento «coincide con uno de los agentes con más auxilios humanitarios realizados». Del mismo modo, denuncian que el criterio seguido por el mando que propone la pérdida de la productividad «valora mucho más una denuncia de tráfico que el auxilio a una persona».
Una dinámica, la de aplicar indiscriminadamente el código vial, que les convierten, dicen desde la UGC de Galicia, en «obligados perseguidores», al tiempo que aventuran un horizonte «muy preocupante» para los ciudadanos y para los propios agentes, ya que si los Guardias Civiles de Tráfico no quieren perder más salario tendrán que poner denuncias a destajo.
Caso Burela
De «disparate» y acto «provocador» calificó ayer la Unión de Guardia Civiles en Galicia el último caso registrado en esta ocasión en el municipio lucense de Burela en el que un agente ha sido sancionado «por no haber alimentado las hambrientas arcas de la DGT como se preveía».
Según esta agrupación de guardias civiles, se trata de un agente que hace poco había puesto «en grave riesgo» su vida en pos de la seguridad vial, al verse obligado a interceptar «de forma heroica» a un turismo que circulaba en sentido contrario por la autovía A-6 y que había provocado dos accidentes. «Una heroica actuación que —ironizan— ha sido recompensada de forma cruel y malintencionada con una reducción del salario y no con un gratificación o mención al trabajo bien hecho».
Finalmente, la UGC llama la atención sobre el hecho de que la zona de A Mariña (Lugo) sea noticia por la sorprendente isminución del número de fallecidos en accidente de circulación y también «por las presiones que ejercen los agentes de la zona para que recauden a toda costa» . Rebajar el número de muertes en tres años de 14 a sólo tres, parece no ser suficiente para una DGT, a la que «la seguridad vial le importa bien poco».
Fuente: ABC
Una represión al estilo marxista…
Ahora mi pregunta, y eso me preocupa también… ¿dónde están los señores PePeros para ponerse al lado de la razón? evidentemente ellos oyen como si lloviera, pensando el los jugosos dineros que en sus manos van a caer en forma de multas cuando se hagan con el poder.
El problema no es el PSOE, el problema es sencillamente nuestro sistema partitocrático de castas privilegiadas llamada monarquía constitucional.