Hemos sabido estos días (El Mundo del 24 de mayo) que lucha electoral en algunas grandes ciudades italianas se encuentra tan enconada que, en su desesperación, se está ofreciendo la condonación de multas de tráfico como argumento electoral. Es el caso de Milán, donde el partido Liga Norte, aliado de Berlusconi, al parece va a hacer una oferta de este tipo para tratar de desbancar en la segunda vuelta de las elecciones municipales a la coalición de centro-izquierda después de 16 años de alcaldía en manos de las gentes de “Il Cavalliere”.
Pese a que parece una propuesta muy novedosa, las aministías en el pago de multas, más o menos explícitas, son una constante también España, tanto en el ámbito municipal como en el estatal. Desde que en 1995 Dvuelta iniciase su actividad en defensa de los conductores, hemos comprobado cómo en la cercanía de las citas electorales el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, cesaba el envío de notificaciones a los vecinos de la capital; una práctica que, sin embargo, desde los tiempos de Gallardón como alcalde ha ido a menos.
También la DGT, sabedora de lo impopulares que resultan las multas levanta la mano en los momentos políticamente más delicados para el Gobierno de su partido pese a que, globalmente, la gestión de Pere Navarro ha sido la más rentable en toda la historia de la Dirección General de Tráfico.
Así hemos podido comprobarlo coincidiendo con la implantación del límite de velocidad a 110 por hora, que, en sí mismo, fue responsable de una profunda insatisfacción entre los conductores españoles. Si a la impopularidad de la medida se hubiese sumado una mayor presión recaudadora (lógica si se tiene en cuenta que a mayores limitaciones, mayor número de multas) el Gobierno se habría encontrado con un escenario muy contrario que se añadiría a su ya erosionado apoyo electoral.
En las primeras semanas de aplicación de la medida, y pese a que todo el mundo estimó que se produciría un incremento en las sanciones, la DGT, que de ninguna manera quería causar problemas al Gobierno, sorprendió a los votantes con el dato de que las multas por exceso de velocidad en radares fijos habían caído un 62%, prueba, en su opinión, de que los conductores se habían vuelto de repente respetuosos con los límites de velocidad y que los habían asumido sin mayores problemas.
La noticia, sin embargo, es que el dato encerraba cierta trampa. Tengamos siempre muy presente que se ponen tantas multas como la DGT quiera; simplemente tiene que recalibrar los radares reduciendo el margen “de gracia” que aplica, o sacar más radares móviles a la carretera. El hecho es que durante las primeras semanas de límite a 110 lo que hizo la DGT fue desconectar más de la mitad de los radares fijos instalados en nuestras vías (se pudo comprobar mediante el uso de un detector de radar), mientras que los que dejó conectados siguieron denunciando a la velocidad anterior; es decir, que no se recalibraron y continuaron saltando a 135 km/h. Parece lógico, pues, que las multas bajaran.
Es la amnistía que Pere Navarro aplicó a los conductores para estuvieran menos cabreados por tener que ir más lentos, pero también para argumentar, arteramente, lo apropiado de la medida.
Hay un denominador común en todo esto. ENGAÑAR A LA GENTE= HACER POLITICA, y da igual si son de la pata derecha o de la pata izquierda.