El pasado 15 de marzo, cuando estaba volviendo a Madrid de una excursión cerca de Sigüenza (Guadalajara), me paró la Guardia Civil. Tras pedirme la documentación del coche y mi carné de conducir, el agente me preguntó si llevaba más de dos años como residente en España, a lo cual contesté que sí.
Me informó de que me iba a tener que notificar, o sea, multar, puesto que la ley exigía que los extranjeros con más de dos años de residencia en España tenían que canjear su permiso de conducir por uno español. El importe de la multa ascendía a 200 euros, con reducción del 50% en caso de pronto pago.
Como no fue la primera vez que me paró la Guardia Civil desde que empecé a residir en España hace 16 años y con el mismo carné de conducir (británico, aunque con el símbolo de la Unión Europea), le pregunté al agente por qué no se me había comunicado ese hecho con anterioridad, a lo cual contestó (algo irritado, pero manteniendo las formas) que el Ministerio del Interior había “dado orden de controlar este aspecto más rigurosamente” desde que se había “aprobado la ley correspondiente en julio del año pasado”.
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Recomendable la lectura de este artículo, el final se resume en que cuando este ciudadano va a realizar el canje, en la misma DGT le informan de que ”La multa que ha pagado es ilegal, puesto que la ley a la que hace referencia no entra en vigor hasta enero del 2015“.
